México D. F. a 04 de noviembre de 2014 CONSIDERANDO Que un país democrático se construye con el diálogo, con el reconocimiento a la disidencia y el rechazo a la represión. El movimiento estudiantil politécnico se manifiesta en contra de la criminalización de la protesta social, toda vez que recupera la herencia histórica de movimientos sociales, la denuncia de violaciones de derechos humanos, las acciones de presión para que las autoridades cumplan con el mandar obedeciendo y la resistencia contra el autoritarismo, la injusticia y el dolor que provoca la impunidad. Que en el pliego petitorio del movimiento estudiantil politécnico 2014, se exigió la garantía de que no se tomarán represalias académicas, administrativas ni legales hacia ningún miembro de la comunidad politécnica participante o no del movimiento. Que la comunidad politécnica se manifiesta por que se garantice que no habrá represalias
en
primera
instancia
mediante
documentos respaldados por
autoridades competentes y del IPN, secundado por la creación de la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, para velar por la seguridad de los involucrados en la organización estudiantil y comunitaria, con autonomía en sus funciones, respecto a las autoridades y órganos del IPN, para vigilar, denunciar y promover las sanciones, en caso de existir daño físico, psicológico, académico, moral, o de cualquier otra índole, que atente contra la integridad personal de los participantes en el movimiento. Que la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, se concibe como una instancia organizada de manera autónoma por la comunidad politécnica y donde las denuncias tengan un seguimiento jurídico, desde que se comete el hecho hasta la resolución jurídica del mismo. Que los que hayan cometido daño psicológico, académico, moral, o de cualquier otra índole, aun cuando sean autoridades de alguna instancia gubernamental del país o del IPN, tengan un castigo por el mismo.
A partir de lo plasmado en esta mesa de diálogo, la comunidad politécnica plantea a las autoridades federales y del Instituto Politécnico Nacional, el siguiente: A C U E R D O “Que se haga responsable al titular del Poder Ejecutivo Federal por cualquier daño físico, psicológico, académico, moral o de cualquier otra índole que atente contra la integridad personal de los miembros de la comunidad politécnica, y de otras instituciones educativas y no educativas, que hayan dado muestra de apoyo y solidaridad al movimiento del IPN. El gobierno federal garantiza con mecanismos concretos e interlocución directa con las autoridades competentes, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud Pública, la Procuraduría General de la República además de las procuradurías locales y estatales de cada entidad federativa, el Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y las comisiones locales y estatales de los derechos humanos de todas las entidades federativas de la República mexicana, instancias Integradas al sistema nacional de seguridad pública y organismos no gubernamentales de derechos humanos, así como el Abogado General del IPN, que no habrá ninguna represalia, coerción o intimidación, para ninguno de los miembros de la comunidad politécnica. El gobierno federal garantiza que no habrá represalias en primera instancia mediante documentos respaldados por autoridades competentes y del IPN, secundado por la creación de la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, para velar por la seguridad de los involucrados en la organización estudiantil y comunitaria, con autonomía en sus funciones, respecto a las autoridades y órganos del IPN, para vigilar, denunciar y promover las sanciones, en caso de existir daño físico, psicológico, académico, moral, o de cualquier otra índole, que atente contra la integridad personal de los participantes en el movimiento. En el mismo tenor, las autoridades del IPN garantizan que no habrá medidas de coerción o intimidación, a nivel administrativo, académico o personal para toda la comunidad politécnica. Dichas garantías deberán presentarse firmadas por todas
las autoridades antes mencionadas y ser publicadas en la Diario Oficial de la Federación, en un número extraordinario de la Gaceta Politécnica y en periódicos de circulación nacional”. El presente acuerdo es ratificado con firmas de representantes designados por la comunidad politécnica a través de la Asamblea General Politécnica y representantes debidamente acreditados y facultados por los titulares de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, representantes de las fracciones parlamentarias del H. Congreso de la Unión y demás instancias gubernamentales que intervengan.
