CTEP EN MOVIMIENTO CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR

27 ene. 2017 Año 1 / Número4 Semanario de difusión de los Trabajadores

CTEP en el país

SANTIAGO DEL ESTERO: LANZAMIENTO DE LA MESA PROVINCIAL El pasado mes, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular hizo pie formalmente en Santiago del Estero, al lanzar la mesa provincial como herramienta política reivindicativa y de lucha para avanzar en la construcción de la unidad de los trabajadores del país.

Editorial

SEGURIDAD EN LOS TERRITORIOS: MÁS PODER POPULAR CONTRA LAS MAFIAS Este número de Ctep en Movimiento estaba preparado para salir unos días atrás. La editorial, dedicada al problema de la seguridad de los territorios, comenzaba comentando sobre el asesinato del compañero del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), César Méndez, quien defendía a vecinos que estaban siendo echados de sus terrenos, en el Cuartel Quinto de Moreno, hecho sobre el cual habíamos informado en nuestro número anterior. La página 2 de esta edición estaba destinada a un reportaje que le íbamos a hacer al referente del MPLD Darío “Icki” Julián. La demora en la publicación se debió a que, repentinamente, “Icki” fue internado por una dolencia. Decidimos esperarlo, porque su palabra era importante para esclarecer acerca del asunto en cuestión. Pero “Icki” falleció el pasado sábado 21 de enero, tras casi un mes de internación. No logró recuperarse del balazo recibido en febrero de 2016, a manos de un puntero de las mafias territoriales. Como la de César Méndez y muchos otros, la muerte de “Icki”, pone de relieve un nuevo tipo de violencia en los territorios que combina el accionar policial, punteril y narco. Su asesinato no interesa a los sensacionalis-

tas de la inseguridad social que organizan los show mediáticos, pero nadie va a creer que la publicitación del fenómeno de la violencia, la operación de bandas y otros efectos de la desigualdad, es la garantía de la seguridad de la población. Por eso, mientras nos quieren hacer creer –una vez más- que castigar a los chicos es la solución a todos los males del país y, por ende, que la felicidad radica en entrar rapidito y seguros a casa, las organizaciones populares y la CTEP en particular, se movilizaron y entraron en diálogo directo con el Ministerio de Seguridad de la Nación, y con secretarías provinciales y municipales, como la Dirección de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal, para proponer y desarrollar soluciones reales la violencia tercerizada contra las organizaciones, los desalojos, las detenciones arbitrarias, la trata y las prácticas de inteligencia de los aparatos estatales de seguridad. En estos días, se exploran varios de estos caminos de interlocución, con organismos como la Comisión Investigadora de la Violencia en los Territorios y el Centros de Estudios Legales y Sociales (Cels).

Desde el MPLD se propuso crear un amplio espacio de interlocución, con participación multisectorial, partiendo de la base de que la violencia criminal que se vive no puede erradicarse si se reduce el problema al “delito de los pobres”. El ataque a los niños y niñas pone de relieve, no un problema delincuencial, sino el desagradable hecho de constatar que como sociedad hemos desprotegido a nuestra población infantil. El enfoque que propone el gobierno a través de su ministro de Justicia, Germán Garavano, es similar al que condenaba en el siglo XIX en la vieja Europa a los recolectores de leña por juntarla de las tierras de donde habían sido expulsados previamente con el uso de la violencia. Atacar este grave problema requiere, en primer lugar, salir de la lógica estatal meramente represiva y determinar intervenciones integrales, que tengan como horizonte transferir más poder a las organizaciones territoriales. Sin ser crédulos respecto de la solución estatal, la interlocución constituye quizá una gran oportunidad para componer una voz colectiva y compleja, que pueda intervenir activamente en la denuncia y resolución de problemas de fondo.

Con compañeros y compañeras referentes de distintas organizaciones, se dejó marcada una agenda de trabajo, clara y contundente, que contiene entre otros puntos: -Creación del Ministerio de la Economía Popular y Agricultura Familiar. -Calidad de los Derechos Posesorios de las Comunidades Campesinas y Titularización de sus Posesiones -Prórroga de la Ley Provincial que frena los desalojos campesinos -Creación de Mercados populares que eliminen la intermediación -Garantía de un salario social complementario a los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular -Adhesión a la ley de emergencia social -Refugio para mujeres, niños y niñas víctimas de violencia Durante el lanzamiento, estuvieron presentes compañeros y compañeras del Movimiento Evita, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) Vía Campesina, del Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), del Movimiento de Trabajadores Excluídos y Patria Grande, de la Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA) y de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) Durante el acto de lanzamiento, se dio inicio a la Feria de la Economía Popular que funcionó los últimos quince días de diciembre, donde se podían encontrar productos panificados de elaboración propia, ropa, alimentos envasados y productos artesanales.

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Darío “Icki” Julián, como compañeros y vecinos del barrio, celebrando la apertura del jardín.

décadas de crisis a las del boom consumista: lo que crecieron fueron los asentamientos, el poder de la policía y de las mafias, el negocio de las tierras, los talleres clandestinos y la droga. Hace menos de un mes, cuando las mafias asesinaron en Moreno al compañero del MPLD, César Méndez y poco antes de caer él mismo internado, “Icki” había denunciado: “Lamentablemente esa gente está instalada para destruir todo lo bueno que tienen los barrios y quieren impedir que se organicen. Su actitud es de amenaza y agresión hasta tal punto de matar a nuestros compañeros. (…) actúan con la venia de las fuerzas de seguridad, de la Bonaerense. Por parte del poder político hay desidia.”

Jardin Comunitario “Juanito Laguna”, de Villa Celina, puesto de pie por la lucha de un barrio organizado.

En memoria de Darío “Icki” Julián

ICKI: “TENEMOS QUE SER LA ALTERNATIVA PARA TODOS LOS QUE DEFIENDEN LA VIDA” Tras varios días de internación y operaciones, falleció Darío “Icki” Julián, amigo, compañero y dirigente del MPLD. Nunca pudo reponerse del balazo que recibió en febrero de 2016 a manos de un puntero de Villa Celina del partido gobernante PRO, de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Cuando parecía que el tercer balazo recibido en su vida era asunto del pasado, “Icki” habló para la radio “La Tribu”. Allí, hizo un llamado abierto a crecer como organizaciones populares en todos los barrios y a transformarse en una alternativa contra las mafias territoriales. “Icki” vivía en Villa Celina, partido de La Matanza. Tenía 39 años. Dos hijos: un pibe de veinte, una niña de siete. Una compañera. Era grandote, rubión. Había nacido en Salta y a los cinco años había recaído con su familia en la localidad matancera. Entre crisis social, changas y laburo, no había terminado el secundario (que luego terminó en el bachillerato popular La Dignidad en Villa Soldati), pero en el secundario había participado de la organización del Centro de Estudiantes para reclamar por las viandas: plenos años 90. El balazo que recibió en febrero de 2016 no había sido su

primero. Durante la represión ordenada por De la Rúa en diciembre de 2001, que terminó con casi cuarenta asesinados, recibió un balazo en la cintura. Seis meses más tarde, en el Puente Pueyrredón, la policía asesinó a Darío Santillán y a Maximiliano Kosteky. Allí, “Icki” fue uno de los 33 heridos con bala de plomo. Esa vez fue en la rodilla. Cuando el puntero del PRO de Villa Celina lo llamó, cuando él se acercó y el sicario le metió un balazo en el pecho, “Icki”, sus compañeros y organizaciones del barrio, peleaban por abrir un jardín comuni-

tario (hoy abierto y se llama “Juanito Laguna”). También luchaban por frenar un negocio inmobiliario que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) tenía armado en 17 hectáreas del barrio Vicente López y Planes, allí, en Celina. Ese 12 de febrero de 2016, cuando empezaba a sentirse la suelta de perros de la nueva gestión PRO, una asamblea había comenzado a planificar un festival para recaudar fondos. El entonces intento de asesinato fue premeditado e intencionado: “dejense de joder con las tierras”, amenazó el sicario desde la vereda de enfrente, antes de regresar y darle a “Icki” a quemarropa,

cobardemente. El puntero se escondió en una sociedad de fomento, vinculada al negociado del IVC, es conocido y está vinculado a los entonces funcionarios macristas de este instituto porteño, Iván Kerr y Emilio Basavilbaso (hoy, director de la Anses). En Villa Celina, como en todos los territorios donde quedan hectáreas sin poblar, en los últimos años, el negocio inmobiliario lo acaparó todo. No fue un proceso planificado y organizado. No hubo polideportivo, jardines municipales, plazas ni otros espacios recreativos y educacionales para los jóvenes. De las

El territorio es complejo. Los negocios y las mafias no se presentan con galera y bastón. Se acercan disimuladamente y penetran el barrio. Cuando te querés dar cuenta, están adentro, con “soldaditos” vendiendo droga, vecinos convencidos de las oportunidades del negocio de la tierra, punteros apretando y dando, y la policía controlando… el negocio. Eso es todo cuanto del Estado se ve y siente. “Lo único que vale es la violencia. México, Colombia, es el lugar a donde nos quieren llevar, a donde sólo la violencia es la madre que ordena las cosas. Si tengo una ametralladora, mando en el barrio”, advirtió “Icki”, y también señalaba: “toda esa lógica hay que cortarla con construcciones sociales que son herramientas políticas, para frenar ese avance de la cartelizacion inhumana que nos plantea el capitalismo en los barrios”. El entonces intento de asesinato de “Icki” disparó la creación de una comisión investigadora de violencia en los territorios, un espacio para entender las lógicas y dinámicas de estos negociados. El asesinato de César Méndez y la muerte de “Icki” acelera la necesidad de avanzar con este desafío e instalar el problema en el debate público. “Icki” era un luchador social, un militante incansable, de los imprescindibles, de los que creían que la organización de la comunidad y la construcción de poder territorial son fundamentales para poner freno al crecimiento de las estructuras de poder criminal que pretenden gobernar nuestros barrios. Por sobre todas las cosas, era un tipo bueno, sencillo y honesto, que amaba a su barrio y a su gente. Resuena su exhorto: “El desafío es crecer donde más podamos, tenemos que entrar en todos los barrios, ser la alternativa para toda la juventud, para la madres solteras, para todos los parias que nadie quiere organizar, que a nadie les interesan, porque sino se nos mueren. Frente al enemigo, que es la muerte, todos los que defendemos la vida tenemos que estar juntos”.

Trabajadores en conflicto

LA LUCHA DE LOS CIENTÍFICOS Nicolás Chiarante

bioquímico, becario doctoral del Conicet

El sector científico-tecnológico sufrió al finalizar el 2016 una dura embestida, una más contra el Estado en el primer año de gobierno macrista. La decisión de las autoridades científicas nacionales fue cortar la carrera de 500 científicos en el Conicet (principal organismo de investigación del país). La reacción de los trabajadores investigadores fue contundente y el macrismo no pudo aplicar el ajuste. La decisión tomada por el ministro Lino Barañao, único titular de cartera que continuó tras el recambio de gobierno, echaba por tierra con el plan “Argentina Innovadora 2020” creado por él mismo en 2012, que estipulaba un crecimiento del 10% anual de la planta permanente de Conicet, como objetivo “óptimo”. En consecuencia, en 2016 deberían haber ingresado 1050 trabajadores. Para esos pues-

tos se presentaron 1520 postulantes. Tras las evaluaciones estipuladas, alrededor de 900 recibieron recomendaciones positivas, pero el organismo efectivizó a menos de la mitad, a 400, por razones supuestamente presupuestarias. La movilización fue inmediata e histórica. Tras fracasar los pedidos de reunión, tras ser insuficientes los cortes de calle, los investigadores agrupados en Jóvenes Científicos Precarizados y algunos espacios de Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidieron ocupar pacíficamente el organismo el 14 de diciembre y cinco días más tarde el Ministerio de Ciencia, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Un día antes de la nochebuena, tras la formidable movilización y difusión del conflicto, se logró un acuerdo que garantizó la continuidad laboral de los 500 afectados y sus líneas de investigación. Los balances del conflicto tienen infinitas aristas, pero resulta necesario remarcar al menos tres. En primer lugar,

el problema no era presupuestario, sino político, ya que el dinero terminó apareciendo. Es sencillo, el gobierno no quiere seguir invirtiendo en investigación pública. En segundo lugar, el conflicto terminó favorablemente gracias al método de lucha empleado: funcionó una asamblea permanente, a cuyo mandato respondían los representantes de los trabajadores, y se garantizó el éxito con la toma. Finalmente, el éxito estuvo asociado a que la organización de los trabajadores investigadores tuvo lugar en todos los rincones del país. Las jornadas que vivimos son históricas. Todos toman nota de lo sucedido: por eso, ante el despido de 3 mil educadores por parte del Ministerio de Educación a fines de diciembre, el gobierno valló el edificio y reprimió a los dirigentes gremiales. Las medidas impopulares van a encontrar, como en el caso de los investigadores y educadores del país, la respuesta necesaria para ganarle la pulseada al brazo ajustador del gobierno.

Debate

LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: UNA AVANZADA CONTRA LOS TRABAJADORES Javier Echaide

doctor en Derecho. Miembro de ATTAC Argentina.

Los tratados de libre comercio (TLC) son acuerdos internacionales entre países para abrir sus fronteras en materia económica. Se trata de permitir el intercambio de mercaderías, servicios y capitales. Lo que puede sonar favorable a primera vista, pronto muestra su verdadera cara: implica desmantelar progresivamente las medidas que los países poseen para proteger su producción nacional. Esto impacta negativamente en la clase trabajadora, ya que productos importados reemplazan a los nacionales y se pierden fábricas y puestos de trabajo. Estos acuerdos van más allá del comercio entre países e incluyen temas muy peligrosos:

-Propiedad intelectual: perdemos el derecho a usar una semilla. Para usarla deberemos pagar la patente a Monsanto. Por su parte los medicamentos serán mucho más caros que lo que sale producirlos, ya que Bayer u otra farmacéutica exigirán su patente e impedirán la producción de genéricos. Así, habrá enfermos que no podrán usar el remedio que necesitan, por su elevado precio. - Protección de las inversiones extranjeras: Los TLC permiten a las multinacionales demandar a los gobiernos ante tribunales internacionales sin tener que pasar por los tribunales locales. El gobierno de Mauricio Macri impulsa una agenda de liberalización similar a la del menemismo de los ´90, cuando Argentina desmanteló casi todas las medidas de regulación ante el capital transnacional y perdió miles de fábricas y puestos de trabajo. El resultado es co-

nocido: la peor crisis de nuestra historia en 2001. Los tratados de libre comercio, cualquiera sea su nombre (ALCA, TLC, Tratado Transpacífico, etc.), sirven para aumentar la riqueza de las grandes empresas a costa de los empleos y los derechos de los trabajadores. Provocan desocupación, flexibilización laboral y pérdida de derechos sociales. Permiten importar cosas más baratas, pero hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Es una nueva versión del viejo refrán: “pan para hoy y hambre para mañana”. Por estos días, si revisamos los diarios, podemos encontrar noticias de cierres de fábricas o recortes de puestos de trabajo por el incremento de las importaciones. Es una avanzada a la que los trabajadores debemos hacerle frente de forma contundente, como cuando fue el ALCA: con conciencia, organización y movilización.

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VERDURAS PARA EL PUEBLO:

TRABAJADORES RURALES Y URBANOS UNIDOS En las vísperas de las fiestas, productores de la tierra de La Plata junto a vecinos de distintas villas de la ciudad de Buenos Aires, realizaron una intervención en la Plaza Constitución que consistió en regalar a la gente 15 mil kilos de verdura de estación, para denunciar principalmente a los intermediarios de la comercialización de los productos de la tierra, que hacen que estos lleguen a las verdulerías con precios desorbitantes. Por segunda vez en el año, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) y la Corriente Villera Independiente realizaron de manera conjunta una novedosa forma de protesta para dar a conocer las graves condiciones en la que se encuentran los pequeños productores de las zonas periurbanas, de donde provienen gran parte de las verduras que consumimos a diario. Y al mismo tiempo, para denunciar las dificultades que vi-

ven los sectores populares para acceder a los productos de primera necesidad. A los productores les pagan por el cajón de tomates que contiene de 16 kg un total de $40, casi lo mismo que sale el kg del mismo producto en cualquier verdulería. La ganancia de los intermediarios que monopolizan la cadena de distribución es casi del 700%. Durante el día del “verdurazo”, cuando llegó el camión a la Plaza, las verduras ya estaban en bolsas de 5 kilos y vecinas del barrio se organizaban para hacer pasamanos y entregar los productos a la gente, que aguardaba en una prolija fila. “Con poco se hace mucho” y “esto nos ayuda un montón”, fueron de las frases más oídas. “Esta iniciativa es también para mostrar la solidaridad entre los trabajadores rurales y los trabajadores urbanos en este fin de año”, sostuvo Rosalía referente de la UTT.

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#ataquealtrabajo

LA UTT SE DEFIENDE

PROTESTAS QUE DESMIENTEN

El SATHA logró que dos mimebros de la UTT fueran procesados por amenazas. La respuesta: “Extorsionan y roban a los quinteros”. A través de un comunicado, la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) rechazó las críticas lanzadas desde el Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (Satha) y ratificó la denuncia que vienen realizando hace más de un año ante la justicia y ministerios de gobierno, de que se trata de un “del accionar de un pequeño grupo mafioso de matones que amparados en un supuesto sindicato se dedican a recorrer las quintas y extorsionar y robar a los trabajadores quinteros”. “Recorren los sectores más desprotegidos y con mentiras y aprietes les roban plata a las familias trabajadoras de la tierra que

de sol a sol se desloman produciendo alimentos”, puntualizan en el comunicado. Las familias víctimas han denunciado ante la Fiscalía General a dirigentes de la Satha por amenazas y amedrentamiento. Desde la UTT -se aclaró en el documento- defendemos diariamente los derechos de los trabajadores de la tierra, promovemos una producción agroecológica, garantizamos el acceso a la salud a través de la obra social y los promotores de salud y trabajamos por la regularización, la formación y capacitación del sector en conjunto con el Ministerio de Agroindustria y de Trabajo

El ministro Dujovne se muestra optimista y aseguró en los últimos meses de 2016 se crearon 40 mil puestos de trabajo. Las protestas y hasta el INDEC, lo desmienten. AGR-Clarín: Artes Gráficas Rioplantense S.A., el taller insignia del Grupo Clarín cerró sus puertas. Despidió a las casi 400 personas que componen la planta laboral, que hoy se encuentra tomada. Como en cada momento crítico de la economía del país, #ClarinDespide. Banghó: PC Arts Argentina, fabricante de la marca tecnológica, despidió a 250 trabajadores y responsabilizó

a las políticas del gobierno de causar la crisis al permitir la importación. Los trabajadores tomaron la planta de Vicente López. INDEC: el instituto nacional de estadísticas informó que en los últimos meses se perdieron 127.905 puestos de trabajo y 5.147 empresas bajaron sus persianas. Según el instituto CEPA, al 30 de noviembre, se contabilizan 232.286 despidos y suspensiones.