03/10/13 - 00:00 Opinión
REFLEXIONES Lección de Santa Cruz
El conflicto de Santa Cruz Barillas ha ido progresivamente cobrando mayor intensidad y relevancia. Al fin pareciera que hay intención de iniciar un proceso de diálogo, pero ya con limitadas expectativas, pues hay sentimientos encontrados. La gran reflexión es por qué permitió el Gobierno que se llegara a este punto, sin reaccionar en forma justa y equitativa, no en defensa ciega de los intereses de las transnacionales, enfrentándose a comunidades indígenas del pueblo de Guatemala. El mismo comisionado nacional del Diálogo, Miguel Ángel Balcárcel, reconoció en un programa de televisión, hace unos días, que el origen del problema estriba en que la empresa empezó sus operaciones con actitudes arrogantes y violentas contra la población. El presidente de la Cámara de Industria dijo, en un programa radial, que el Gobierno debe garantizar el respeto a la ley en Guatemala, pero no reconoce el convenio 169 de la OIT como ley nacional, cuando lo es desde su ratificación en el Congreso de la República. Según él, la consulta no se puede hacer en la forma en que las comunidades piden, pues no hay una reglamentación precisa para hacerla y no son vinculantes. Esta es una posición muy cómoda y equivocada, pues el convenio 169 establece que las consultas deben ser realizadas en la forma tradicional en que los pueblos indígenas toman sus decisiones, y sí son vinculantes, pues pretenden que el poder político central del Gobierno respete los intereses y deseos de las comunidades locales, desde la obligación de informarles de proyectos de infraestructura que afectarán su vida y su medioambiente, hasta informarles del FRANK LA RUE LEWY impacto ambiental y económico que tendrán en la región. La consulta del 169 nunca pretendió ser un sí o un no, sino más bien el inicio de un proceso de negociación entre el gobierno central y las comunidades, sobre las ventajas económicas que les representará un proyecto de infraestructura y, por supuesto, no asume que el Gobierno se convierta en el defensor de los intereses de las transnacionales por encima de la población nacional. El presidente de la Cámara de Industria reconoció que en los proyectos del pasado nunca se habían contemplado los temas étnico-culturales y de tradición. Es inaceptable que, por una crisis de gobernabilidad por mal manejo de la seguridad por parte del Estado y, por permitir las actitudes agresivas de las transnacionales, haya quién se atreva a responsabilizar a miembros de las Naciones Unidas o a la Cooperación Internacional, lo cual es, además, incongruente con el reciente discurso del presidente ante la AG-ONU. Ningún gobierno democrático puede imponer proyectos de infraestructura o “forzar” la paz social utilizando al Ejército, cuya función es defender al país de amenazas externas, y nunca puede ser la de defender intereses transnacionales en contra de su mismo pueblo. Lamentamos profundamente la muerte del soldado y esperamos una plena investigación del Gobierno. Consideramos que deben retirarse del lugar las fuerzas militares para poder hacer efectiva la negociación que lleve a un nivel de convivencia y armonía social.
