MAIRA, Luis, “Chile, la transición interminable”, Ed. Grijalbo, México. 1999. Caps. 3 y 4.

3. El "proceso de amarre", eslabón decisivo para entender las relaciones entre la dictadura y la transición

En mi opinión, el aspecto más importante y significativo de la acción del régimen militar tiene que ver con el campo institucional. Lo más original en la acción del general Pinochet fue la idea de una "dictadura con constitución". Así fue capaz de hacer jugar a su favor los principios del ordenamiento jurídico, logrando una prolongación de su hegemonía en la sociedad más allá de la fecha de término del régimen autoritario, que simplemente no tenía precedentes en América Latina, donde los dictadores de viejo y nuevo cuño habían coincidido siempre en ~n uso meramente instrumental de las normas del derecho. 44 A ello se 44

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En apariencia, una perspectiva instrumental en el empleo del ordenamiento jurídico ofrece a un régimen autoritario una más amplia capacidad de control de la sociedad y de gestión de las políticas del Estado. Sin embargo, en un país como Chile, que había validado ya las normas jurídicas sancionadas por gobiernos no democráticos en las crisis instit~cionales de 1924-1925 y 1931-1932, y que además tenía una fuerte tradición legalista, resultaba más sólido el camino de creación de

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sumó en 1969 una lúcida y eficaz operación destinada a "amarrar la transición". Efectivamente, esta capacidad de innovación del grupo más cercano de sus asesores políticos -antagónica en todo caso a la lógica de la democracia liberal- alcanzó su expresión culminante en el tiempo posterior al plebiscito en el que el general Pinochet disfrutó un año extra de mandato, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria vigesimonovena de su Constitución. En ella se estableció que "si la ciudadanía no aprobare la proposición sometida a plebiscito (su nombre), se entenderá prorrogado de pleno derecho el periodo presidencial continuando en funciones un año más el presidente de la República en ejercicio" (él mismo). Este plazo extraordinario que corrió entre marzo de 1989 y marzo de 1990 fue el tiempo de consolidación de lo que los analistas políticos chilenos han llamado "el proceso de amarre", que consistió .en la sanción o afianzamiento de un cuerpo numeroso de normas legales, debidamente coordinadas entre sí, cuyo propósito era prorrogar los criterios prevalecientes· en la dictadura militar durante un lapso indeterminado de tiempo, afianzando y condicionando así a los futuros gobiernos democráticos. 45 una nueva estructura constitucional que respondiera a la 'visión del mundo y la sociedad de quienes en ese momento dirigían la nación. 45 Si se hace un estudio técnico de sistemas políticos comparados, el régimen político contenido en el texto original de la Constitución de 1980 puede ser claramente calificado como "un régimen semidemocrático" o, si se prefiere, "una democracia restringida". Las enmiendas introducidas en el plebiscito, del31 de julio de 1989, tuvieron el efecto de eliminar las cláusulas más extremas del te~o original, tales como la proscripción de organizaciones políticas por su ideología, contenido en el

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El "proceso de amarre" se diseñó en Chile a partir de la fallida experiencia del franquismo. español. 46 Es conocida la anécdota de que Francisco Franco, cercano a su fin en su lecho de muerte, aseveró a uno de sus colaboradores cercanos: "Dejo todo atado y bien atado". Menos de un año después la transición española agujereaba en sus bases esenciales el anterior modelo autoritario y cambiaba el rostro de España, sin que quedaran huellas de las pretensiones expresadas por el dictador que había dirigido el país durante más de 35 años. N o es una tarea fácil buscar semejanzas y proximidades entre Augusto Pinochet y otras personalidades autoritarias de la política del siglo XX. Con todo, se puede afirmar que si con algún dictador guarda similitudes es precisamente con Franco. Al igual que él, Pinochet apostó a la resistencia activa contra toda presión internacional y no artículo 8, o la facultad de representación que inicialmente permitía al Consejo de Seguridad Nacional objetar los proyectos y decisiones de las autoridades civiles. Los cambios de 1989 tuvieron un efecto legitimador de la Constitución de 1980 pero dejaron en pie numerosas disposiciones que ya hemos comentado que so~ igualmente incompatibles con las exigencias de una democracia plena. 46 El término del régimen autoritario español de Francisco Franco y los avances de la transición iniciada a su muerte en 1975 han originado numerosos estudios y trabajos de gran valor. Véase especialmente José María Maravall, Dictadura y ~isentimiento polltico, Editorial Alfaguara, Madrid, 1978; varios autores, PerspectJva; d~ una España democrática y constituciona/izada, Club siglo XXI, Unión Ed1tonal,. tres volúmenes, Madrid, 1979; Sergio Vllar,La oposición a la dictadura, Ayma Edttores, Barcelona, 1976; Harmut Heine, La oposición polltica al franquismo, Grupo Editorial Grijalbo, Barcelona, 1983; Carlos Huneeus, La Unión de Centro Democrático y la transicfón a la democracia en Espa1ia, Editorial Siglo XXI/Centro de Investigaciones· Sociológicas, Madrid, 1985; varios autores La transición democrática en España, SISTEMA, Revista de Ciencias Sociales 68-69 Madrid, Noviembre, 1985. · '

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cambió su política de control y orden público, no obstante las sucesivas condenas de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ambos tuvieron la firme convicción de que representaban el último bastión de defensa de la cultura de Occidente y que debían asumir esa tareas, entre otras cosas, por la debilidad que en muchas de sus conductas tenía el líder natural de éste, Estados Unidos, en donde las presiones de los sectores liberales facilitaban lo que ellos veían como la infiltración del comunismo internacional y sus intereses. Esta fuerte vocación de cruzados, capace.s de empeñarse en la defensa de un mundo amenazado en lo que apreciaban como sus valores esenciales, se reforzó con proyectos para una modernización autoritaria de la economía que, en ambos casos, fue afectando intereses de antiguos productores nacionales y preparando una más estrecha inserción internacional de sus eco!fomías. Paradojicamente, la lógica de este intento acabó por facilitar el término de los regímenes autoritarios y el inicio de las correspondientes transiciones. Frente a é~tas, Franco y Pinochet tuvieron una diferente proyección; la supervivencia de Pinochet al fin de su régimen posibilitó mucho mejor la permanencia de algunos de los criterios y visiones que con más empeño trató de defender en el ejercicio del poder corrigiendo así los tropiezos de su inspirador. A la luz del desplome del autoritarismo español, los asesores de Pinochet revisaron críticamente lo acontecido en esta y btras situaciones, adoptando un diseño mucho más sistemático para resguardar lo que consideraban principios esenciales en el funcionamiento de la sociedad 82

chilena. Las consecuencias de este ejercicio han sido increíbles, pues el amarre institucional logrado en Chile constituye uno de los casos más notables de supervivencia de instituciones y procedimientos autoritarios al interior de un sistema político que busca, infructuosamente hasta hoy, avanzar a la democracia plena. La explicación de esta sobrevida autoritaria -que ha dado estabilidad a lo esencial de la refundación de la sociedad chilena emprendida por la dictadura militar de Pinochet- tiene su núcleo básico en tres instituciones del nuevo Derecho Público que se refuerzan mutuamente: 1. El sistema electoral binominal. 2. Los senadores designados. 3. Las normas rígidas para la reforma de la Constitución de 1980.

El sistema binominal Los arquitectos de este esfuerzo de consolidación autoritaria comprendieron bien que debían establecer un sistema electoral capaz de asegurar una fuerte representación a la primera minoría opositora. Para ello validaron una fórmula que había empleado, a principios de los años ochenta, el general Wojtiel Jaruselski en Polonia, en los momentos del mayor ascenso del movimiento sindical y social de ese país que obligó a la convocatoria de elecciones abiertas ya no controlables por el Partido Comunista.47 47 Para un completo recuento pe la crisis polaca iniciada en agosto de 1980, véase

varios autores, Pour la Pologne, Editions de Seuil, París, 1982 (hay versión en español: Por Polonia. Entre la renovación polftica y el desmoronamiento del Estado, Ediciones Laia, Barcelona, 1982).

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El sistema binominal-se-basa en la idea de que el país es dividido íntegramente en distritos de diputados y circunscripciones de senadores que eligen dos representantes cada uno. En semejante sistema las brechas de ventaja de la mayoría se relativizan, puesto que sólo resultan eficaces si se logra doblar a la primera minoría, caso en el cual la mayoría alcanza los dos cupos parlamentarios en disputa. Pero esto es muy difícil y se hace más complejo a medida que crece el número de electores en las principales circunscripciones senatoriales. En cualquier otra hipótesis, la mayoría y la primera minoría eligirán un representante cada una, con entera prescindencia de la distancia numérica de votos que las separen. A su vez, las fuerzas políticas que se sitúan por debajo de las dos mayores quedarán sin representación por más que tengan porcentajes significativos de apoyo, que pueden llegar por encima del 20% en un distrito electoral determinado (y nacionalmente arriba del umbral deiS% de apoyo que es la base de representación en sistemas electorales europeos, como el alemán, el sueco o el francés). Los hábiles e ilegítimos sesgos introducidos en el nuevo régimen electoral para favorecer a los partidos que buscan proyectar la obra del general Pinochet, resultan más evidentes si se tiene en cuenta que con el sistema electoral proporcional basado en la cifra repartidora que rigió en Chile hasta 1973 o con el régimen de colegios múltiples uninominales (en que se elige un solo representante por distrito, que prevalece en países como Gran Bretaña y Estados Unidos), la Concertación de Partidos Políticos por la. Democracia habría logrado una clara mayoría, tanto en la Cámara de

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Diputados como en el Senado, en cualquiera de las tres elecciones parlamentarias realizadas a contar de 1989. En la actualidad, en cambio, a las fuerzas de derecha -Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI)-les basta con poco más de un 30% para conseguir un diputado o un senador en la mayoría de los distritos si actúan unidas en una misma lista. Esto tiende a ser cada vez más evidente en la composición del Senado, la cámara clave en el diseño de este engranaje del amarre, al punto que la Concertación de Partidos por la Democracia, que ha obtenido la mayoría absoluta de los votos en las tres elecciones parlamentarias realizadas hasta la fecha, ha visto descender su representación de 22 senadores elegidos en 1989 (sobre un total de 38) a 21 en 1993 y a 20 en 1997. De este modo, todo parece indicar que se tiende progresivamente a un empate en la representación lograda por la Concertación y la derecha en el Senado, en circunstancias que la diferencia de votos entre ambas fuerzas ha oscilado entre el15 y el 20% del total del electorado. Un punto interesante a tener en consideración es que el sistema electoral binominal fuerza a la mantención de dos grandes bloques políticos, que resultan decisivos para la supervivencia de las representaciones parlamentarias de los partidos que los componen. Tanto la Concertación de Partidos por la Democracia, como la Coalición de Derecha, están obligadas a mantener una suerte de "matrimonios mal avenidos". Por una parte, deben sumar sus votos para garantizar representación mientras, por otra, deben entablar una áspera lucha por la hegemonía en el interior del pacto electoral para afianzar su identidad y acrecentar 85

su adhesión. Mientras más grande es la disputa, mayor es la tentación por romper el acuerdo electoral, pero como esto resultaría un suicidio político debido a que la dispersión podría dejar casi sin representación a los partidos que rompieran una coalición se acaba con un escenario de dos coaliciones dominantes pero conflictuadas internamente y varios actores marginales excluidos.

Los senadores designados A esto se agrega, como un segundo pilar de esta operación política, la existencia de un bloque de nueve senadores designados y no elegidos. A éste se sumó, desde marzo de 1998, la presencia del propio general Pinochet como senador vitalicio, en su condición de "ex presidente de la República", calidad que, a su turno, se ha negado al ex presidente Patricio Aylwin por haber reducido voluntariamente su mandato de ocho a cuatro años para favorecer el proceso de la transición a la democracia en el plebiscito constitucional de 1989. Los senadores designados constituyen un resabio corporativo que opera como un injerto autoritario y conservador en un cuerpo legislativo democrático. De sus nueve miembros, dos son designados por el presidente de la República: un ex ministro de Estado y un ex rector de universidad, con periodos de ejercicio superiores a dos años en alguna de las administraciones presidenciales anteriores a la que realiza la nominación. Otros tres -dos ex ministros de la Corte Suprema y un ex contralor general

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de la República- son designados por la Corte Suprema. Finalmente, hay cuatro representantes del estamento militar: un ex comandante en jefe del Ejército, un ex comandante de la Armada, un ex comandante de la Fuerza Aérea y un ex director general de Carabineros que son nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, organismo en donde los uniformados representan el 50% de la capacidad decisoria, con cuatro votos, pero en donde hay también representantes civiles de inspiración conservadora (como el presidente en ejercicio del Senado hasta marzo de 1998, representante de Renovación Nacional). De acuerdo con la mecánica establecida en la Constitución de 1980, el nombramiento de los senadores designados en un gobierno democrático deja escaso margen a la decisión presidencial, puesto que la principal autoridad democrática del país sólo incide en dos de las nueve designaciones. Pero esta decisión resultó todavía más desequilibrante y desfavorable para la Concertación en los ocho años iniciales del periodo de transición, debido que el general Pinochet tuvo en 1989 capacidad para determinar la totalidad del bloque de los senadores designados. En cualquier caso, la existencia de la institución de los senadores designados produce un efecto práctico que tiene que ver más con la alquimia que con la ciencia: convierte a la minoría en mayoría al decidir los senadores no elegidos el virtual empate emanado de la representación electoral en favor de los partidos de derecha. Así las cosas, el sistema político chileno registra la paradoja de que la Concertación de Partidos por la Democracia que, desde el inicio de la transición en 1989, ha obtenido

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un apoyo mayoritario absoluto, que ha oscilado entre 51 y 56% del voto total, se ha encontrado en el Senado en todas las votaciones de trascendencia y, en particular en los proyectos de reforma de la Constitución, en una posición de minoría ante los partidos de derecha que obtuvieron en esos mismos comicios porcentajes de respaldo que variaron de un 32 a un 36% del sufragio total. 48

Las normas rígidas para la reforma de la Constitución de 1980 Un tercer pilar para esta mantención de las cláusulas no concordantes con las reglas de funcionamiento de la democracia política,. que siguen vigentes en Chile, es la propia rigidez del mecanismo de la reforma constitucional. La Constitución de 1980 exige para la enmienda.válida de sus normas quórums sumamente elevados, que en todas las situaciones relevantes que se intenta cambiar van del 60 al 66% de los senadores en ejercicio. Con semejante umbral, las normas precisamente menos democráticas y más impugnadas de la Constitución se tornan invulnerables.49 Adicionalmente se estableció, en 1980, un nuevo tipo de normas jurídicas organizativas ·del quehacer del Estado llamadas Leyes Orgánicas Constitucionales. Éstas 48 Para un minucioso examen -comuna por comuna- de las dos primeras elecciones democráticas del periodo de transición en Chile -las parlamentarias de 1989 y las municipales de 1992-, véase Escenarios electorales, Corporación Tiempo 2000, Programa de Estudios Prospectivos, Santiago, 1993. 49 Históricamente las constituciones más rígidas, que más dificultan la modificación de su texto, se caracterizan por ser breves y muy genéricas, como la norte-

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requieren para su modificación un quórum de los cuatro séptimos de los miembros del Congreso (que equivale al 57% de sus integrantes), cifra que tampoco resulta posible de reunir en el Senado a la coalición mayoritaria, lo que viene a afianzar, aún más, la estabilidad del edificio constitucional consagrado en los años de la dictadura. En cualquier caso, un examen comparativo de los sistemas democráticos muestra que la consagración de las llamadas "constituciones rígidas", aquellas que como la norteameri cana colocan altas exigencias para su modificación, se corresponde con textos bastante genéricos que no detallan los mecanismos de funcionamiento del Estado y los poderes públicos. La trampa de la Constitución de 1980 es que es detallada y a la vez rígida, con lo cual se dificulta mucho más la plena legitimidad del sistema político consagrado en Chile. Ahora bien, si el amarre tiene su centro en el triángulo de mecanismos recién descritos, su alcance es mayor y más efectivo si se consideran otras ocho instituciones que ayudaron eficazmente a cerrar todo camino de salida, haciendo más tupida la "malla de contención" del avance del país a una democracia plena. A continuación veremos con detalle cada una de ellas.

americana de 1787. En los países en que éstas rigen, por lo demás, se aplican sistemas electorales mayoritarios que, de regir en Chile, asegurarían a la Concertación una amplísima mayoría parlamentaria en las dos ramas del Congreso.

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La Ley Rosende y la reorganización de la Corte Suprema La Constitución de 1980 había establecido en su Capítulo VI un límite de edad a los miembros de la Corte Suprema, obligándolos a cesar en sus funciones al cumplir 75 años de edad (artículo 77). Sin embargo, en la Disposición Transitoria Octava se consagró una excepción a esta cláusula en favor de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia que se encontraban en servicio a la fecha de inicio de la vigencia de la nueva Carta Fundamental establecida por el régimen del general Pinochet (marzo de 1981). Esta situación originó un proceso de envejecimiento de este cuerpo colegiado al punto que a comienzos de 1989 la edad promedio de los ministros de la Corte Suprema era cercana a los 81 años de edad. Naturalmente esta situación era considerada favorable por los dirigentes ·de la candidatura presidencial de Patricio Aylwin, puesto que facilitaba la renovación de ese Tribunal al inicio de la transición democrática, posibilitando una salida de aquellos jueces que habían mostrado una conducta más subordinada frente a los requirimientos del régimen militar. Este hecho fue rápidamente percibido por el ministro de Justicia de Pinochet, Rugo Rosende, que usó sus capacidades como jurista y de una completa falta de límites a la hora de alcanzar sus objetivos políticos, para imaginar una ley especial que permitiera hacer este recambio en los últimos meses de la dictadura. El mecanismo consagrado fue muy simple: se estableció una indemnización especial equivalente a 30 sueldos men90

suales completos para aquellos integrantes de la Corte Suprema que presentaran su expediente de jubilación en un plazo de tres meses, a contar de la promulgación de la nueva norma legal. Por cierto, la tramitación de este proyecto no sufrió ningún obstáculo puesto que el poder legislativo de la época -la Junta Militar de Gobierno-lo despachó con toda urgencia. Esto permitió a Pinochet y al ministro Rosen de contar con siete vacantes, de un total de 17 plazas en el máximo tribunal del país, las que fueron cubiertas por magistrados más jóvenes, cuya designación se hizo considerando acuciosamente su anterior comportamiento frente a las solicitudes del régimen militar. De este modo se consolidó a la Corte Suprema, no sólo como un cuerpo fuertemente conservador sino, más importante aún, se le confió el resguardo de las normas y criterios esenciales para salvaguardar al general Pinochet y a sus principales colaboradores, especialmente en cuanto a asegurar la prescindencia judicial en los casos de los presos políticos desaparecidos. Resulta, sin embargo, interesante anotar la evolución que posteriormente ha tenido la situación del poder judicial en Chile. Al inicio de la transición, las cosas marcharon exactamente como estaban previstas por los colaboradores del general Pinochet. En el mismo año 1990 la Corte Suprema tuvo un primer encontrón con el presidente Aylwin, cuando éste planteó en forma directa sus criterios en favor de una reforma judicial, al ásistir a un Encuentro Nacional de Magistrados en la localidad de Pucón. Pero las cosas empezaron a cambiar en 1992, al presentarse una acusación en contra de tres ministros de la Corte Suprema 91

ante importantes sentencias que negaron todo espacio al esclarecimiento de casos pendientes de derechos humanos. Esto llevó al Congreso, en una medida sin precedentes, a destituir de su cargo al ministro Hernán Cereceda, considerado el líder del sector más cercano al general Pinochet en la Corte Suprema. Luego, en la administración Frei, el trabajo cuidadoso y sistemático de la ministra de Justicia, Soledad Alvear, fue abriendo camino a importantes cambios en el procedimiento penal. En 1997 la situación volvió a tener un vuelco, cuando acogiendo las denuncias de campañas de prensa que atribuían al presidente de la Corte Suprema, Servando Jordán, una conducta muy débil frente a actividades de narcotráfico, se presentó en su contra una nueva acusación constitucional en cuyo patrocinio e impulso desempeñaron un papel importante dirigentes de la UDI. El nuevo juicio político provocó un gran impacto y fue seguido ampliamente por la opinión pública. Pese a que el presidente de la Corte Suprema salvó su cargo al producirse un empate durante la votación de la acusación constitucional en la Cámara de Diputados, este episodio sirvió para consolidar la convicción de que se necesitaba una reorganización del máximo Tribunal para modernizar sus actuaciones y salvaguardar su patrimonio ético. El proyecto de ley correspondiente fue aprobado en breve plazo por un amplio margen. Éste elevó a 21 miembros el número de integrantes de la Corte Suprema y reforzó los procedimientos para integrar en su seno a juristas y profesores universitarios que no habían seguido la carrera judicial. Los efectos de la nueva situación han

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sid? ~uy perc~p~ibles, ~riginando desde 1998 una mayor act1v1dad de mtmstros y JUeces y la reactivación de importantes procesos que llevaban largos años estancados, como .h~ ocurrido con el caso de la Matanza de Corpus Chnst1 de 1987, donde en pocos meses el ministro a cargo del caso ha establecido la responsabilidad de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), encargándose reos a altos oficiales en servicio activo en el Ejército.

El afianzamiento de la Ley de Amnistía y !as competencias de los Tribunales Militares En la transición chilena, la Ley de Amnistía y los Tribunales Militares resultaron decisivos en el manejo de un tema que siempre preocupa mucho a los regímenes militares que se repliegan: el de las responsabilidades penales por los actos ilícitos producidos durante su mandato. Ya hemos señalado que el periodo más duro de la dictadura militar chilena se corresponde plenamente con la noción de terrorismo de Estado, ocurrió en los años iniciales del régimen encabezado por Augusto Pinochet, cuando el imperio de laDINA llegó a ser incontrarrestado. Más del 80% de las situaciones denunciadas ante la Comisión de Verdad y Reconciliación ocurrieron entre el golpe ~e Estado y finales de 1977. Eso explica la dictación, en abnl de 1978, del Decreto Ley 2191 que concedió una amplia amnistía a los ·autores, cómplices y encubridores de crímenes y delitos de origen político cometidos hasta la fecha de su aprobación. 93

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Tal decisión fue en su momento fuertemente impugnada por grupos opositores, organizaciones internacionales humanitarias y por la jerarquía de la Iglesia Católica chilena. Se la calificó como una "autoamnistía" en que los responsables exculpaban a sus más directos colaboradores; sin que el clima que provocaran estos hechos se hubiera modificado y sin que tampo co existiera un consen so en la sociedad respecto de esta medida que se acomp añara de una nueva etapa política, capaz de garantizar que no se repitie ran las violaciones de los derech os human os que se perdonaron.50 Las autoridades del gobierno militar preten dieron que la amnistía constituyera para los jueces una prohibición de investigar los temas que abarcaban los juicios, desechando la interpretación jurídica de la Comisión de Derechos Huma nos que sostenía que, incluso para aplicar la amnistía, un juez debía llegar al establecimiento tan completo como fuera posible de los hechos que ~ipificaban el delito que se investigaba. Simultáneamente, y con los mismos fines, el gobierno de Pinochet buscó desde el comienzo ampliar la jurisdicción de los tribunales militares y reducir la de los civiles. Se comenzó por establecer en un decreto de ley interpreso Para un muy amplio y fundado examen de los principales casos vinculados a

derechos humanos que la aminist!a de abril de 1978 privó de sanción, se puede consultar el extraordinario trabajo preparado por colaboradores de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica, Chile, la memoria prohibida, tres tomos, Editorial Pehuén, Santiago, 1989. El equipo de redacción de estos textos estuvo formado por Eugenio Ahumada, Rodrigo Atria, Javier Luis Egaña, Augusto Góngora, Carmen Quesney, Gustavo Saball y Gustavo Villalobos. Los tomos uno y dos abarcan los hechos anteriores a la dictación del D. L. 2191.

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tativo que al11 de septiembre de 1973 existía en Chile una situación de "tiempos de guerra", que permitió endure cer las penas y hacer sumar ios los proces os sin garant ías de defensa para los inculpados en muchos Consejos de Guerra. Hacia adelante la instrucción de los procesos por las Fiscalías Militares y su decisión por jueces y tribunales de fuero especial, repres entó una situación de indefensión para los disidentes del gobierno que fueron sancionados duramen~: en estas instancias, por actos que no guardaban relac10n con los temas técnicos de una justicia militar. Luego del plebiscito de octubre de 1988, en diversos círculos de juristas se inició el estudio de leyes encaminadas a derogar la amnistía de 1978 y a reducir la jurisdicción de los tribunales militares. Ambas series de iniciativas fueron rápida y eficazmente contrarrestadas por el equipo político del gobierno militar. En el diálogo con los dirigentes democráticos que precedió a la reforma constitucional de 1989, los expertos en Derecho Público de los partidos de derecha dejaron en claro que este tema no podía ser materia de revisiones. ~a Corte Suprema ~or su parte uniformó la jurisprudenCl~ en favor de la validez de la Ley de Amnistía y sancionó la Interpretación más restrictiva acerca de su alcance. . ~s:o llevó a que se archivaran los diversos procesos I~diVI~uales que le fueron planteados al poder judicial por Situaciones que afectaban a presos políticos desaparecidos. Hasta 1992 fue frecuente también que se iniciaran en las Fi~calías Mili~ares nue:os procesos en contra de personalidades opositoras a Pmochet que plante aban críticas

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o denuncias en los medios de comunicación. Al igual que en el periodo anterior, estas demandas iban acompañadas de violencia innecesaria en la detención de los inculpados, rápidas encargatorias de reo, y eran rechazadas de plano las solicitudes de excarcelación. Por su parte, el Congreso Nacional careció del consenso para tratar proyectos que modificaran esta situación que, como pocas, oscureció las percepciones de la sociedad chilena respecto de una efectiva superación de la situación preexistente.

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La consolidación del Tribunal Constitucional En las Constituciones de 1833 y 1925 no existía la figura jurídica de un Tribunal Constitucional. Esto hizo que durante largo tiempo los conflictos suscitados entre los poderes públicos en torno al alcance de las normas básicas de la Carta Fundamental no tuvieran una instancia adecuada de resolución. Fue solamente en la reforma constitucional que entrara en vigencia en noviembre de 1970, al asumir el gobierno el presidente Salvador Allende que se consagró, inspirados directamente en el Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania, un cuerpo de cinco magistrados dotados de competencia para resolver estas disputas.s1 .......

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Para conocer el alcance que el Tribunal Constitucional tuvo en su primera etapa, luego de la reforma constitucional de 1970, se puede consultar el completo trabajo del constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán, "El Tribunal Constitucional", contenido en el capítulo VIII, p.199 y siguientes dellibro.Refonna Constitucional 1970, varios autores, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970. 51

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Los redactores de la Constitución de 1980 mantuvieron esta institución pero modificaron considerablemente su composición y atribuciones. Ahora el Tribunal Constitucional no tiene cinco sino siete miembros y su composición no posee como antes una mayoría de integrantes provenientes de una decisión del Senado a propuesta del presidente de la República, sino que sus componentes se integran por tres ministros de la Corte Suprema "elegidos por ésta, por mayoría absoluta, en votaciones sucesivas y secretas" (artículo 81); "dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional"; "uno designado por el presidente de la República y otro por el Senado por mayoría absoluta de los senadores en ejercicio" (artículo 81). La bien calculada previsión del texto de 1980 entregaba al presidente de la República, la máxima autoridad del país elegida por todos los chilenos, la determinación de sólo uno de esos siete magistrados, mientras la designación de los seis restantes se confiaba a instancias corporativas de fuerte hegemonía moderada, como el Consejo de Seguridad Nacional y la Corte Suprema, o un Senado que, como ya hemos visto, es controlado por fuerzas políticas minoritarias. Con todo, en 1987, el gobierno de Pinochet enfrentó en el Tribunal Constitucional un problema práctico cuyas proyecciones le interesó resolver antes de concluir su mandato. Ese año tuvo lugar el único proceso de aplicación del artículo octavo de la Constitución de 1980, que privaba de derechos políticos y establecía una virtual muerte civil en contra de aquellos dirigentes de izquierda a los que se acusara de pertenecer a partidos que sustentaran "doctrinas que propicien una concepción de la 97

sociedad, el Estado o el orden jurídico fundadas en la lucha de clases". A principios de 1987 ingresó a Chile, cruzando la cordillera de los Andes, pese a la prohibición que pesaba en su contra, el ex canciller Clodomiro Almeyda. De inmediato se presentó en un tribunal pidiendo que éste declarara que tenía derecho a vivir en su patria. El gobierno de Pinochet procedió rápidamente, por la vía administrativa, y lo relegó en un poblado pequeño e inaccesible en el extremo austral del país (en el Derecho Constitucional chileno, la relegación es una suerte de exilio interior que el presidente de la República puede disponer en tiempos de vigencia de un Estado de excepción. Es casi innecesario señalar que la gran mayoría del tiempo en que gobernó Pinochet rigieron estos estatutos). Al poco tiempo, los asesores jurídicos y políticos del gobierno decidieron iniciar un proceso ante el Tribunal Constitucional para la aplicación de las sanciones del artículo octavo. Éstas incluían la cancelación de su inscripción electoral y la privación de todos sus derechos políticos; la prohibición para optar a cualquier cargo de representación popular; la prohibición para desempeñar un cargo público; la prohibición para desempeñarse como profesor en todos los niveles de la enseñanza, ser rector o director de un establecimiento educacional; la prohibición para explotar un medio de comunicación, ser director o administrador de ellos, actuar como periodista o emitir opiniones públicas, y la proscripción para ser dirigente empresarial, sindical, estudiantil, vecinal o de cualquier otra entidad gremial. Todas estas sanciones regían por un plazo de 10 años. 98

Almeyda fue traído a Santiago desde su sitio de relegación y sometido a uno de esos procesos públicos que históricamente han acabado por volverse un bumerang contra los regímenes autoritarios. La fuerza enonne de una garantía tan simple y contemplada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el derecho a vivir en su tierra, originó una cerrada división del Tribunal Constitucional de la época, que falló sólo por cuatro votos contra tres las sanciones del artículo octavo en contra de Clodomiro Almeyda, provocando de paso un impacto tan negativo que impidió en el futuro nuevos procesos inspirados en dicha norma. 52 Como en 1989 correspondía hacer una renovación parcial de tres miembros del Tribunal Constitucional, el gobierno del general Pinochet tomó nota de la lección de 1987 y procedió a la designación de tres juristas completamente identificados con sus posturas, al punto que dos de ellos -Enrique Ortúzar y Luz Bulnes- habían sido parte del equipo redactor de la Constitución de 1980. Igualmente se trabajó en consolidar las atribuci..)nes del Tribunal Constitucional, que ahora incluyen resolver las cuestiones de constitucionalidad que se susciten en la tramitación de los proyectos de ley, refonnas constituciorlales o tratados sometidos a la aprobación del Congreso, incluso una vez terminada dicha tramitación y en vísperas de la promulgación y publicación de las mismas. Esta facultad ha llevado a que con razón muchos expertos en Derecho Público 52 Para una interesante caracterización del modo en que el Tribunal Constitucional establecido en la Constitución de 1980 funcionó en sus primeros años, véase La historia oculta del régimen militar, capítulo 52, p. 554 y siguientes.

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vean al Tribunal Constitucional chileno como una "Tercera Cámara NegatiVa'.'·;::con poder ·para derogar normas válidamente tramitadas por ambos cuerpos legislativos sobre la base de discutibles interpretaciones, que hacen privar el parecer de un pequeño cuerpo de magistrados sobre la opinión de las Cámaras que, en una democracia, son las más genuinas representantes de la soberanía popular. Además de. esto, el Tribunal Constitucional resuelve sobre todas las cuestiones que se planteen con relación con la convocatoria de un plebiscito; decide sobre la constitucionalidad de los decretos y resoluciones del presidente de la República y puede declarar la inconstitucionalidad de organizaciones, movimientos o partidos políticos en los casos previstos en el artículo 19, número 15 de la Constitución: aquellos cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional, procuren el establecimiento de un sistema totaiitario, hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Un asunto no menor es que el Tribunal Constitucional tiene también competencia privativa y excluyente en todo el tema de las inhabilidades para la designación de ministros de Estado o la permanencia de éstos en dicho cargo y respecto de las inhabilidades, incompatibilidades y causales de cesación en su cargo de los parlamentarios, lo cual puede representar eventualmente una pesada hipoteca para las autoridades superiores del Estado frente a un cuerpo con la composición y orígenes que ya hemos reseñado, particularmente por la circunst~ncia de que como lo establece el artículo 83 de la Constitución de

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1980: "Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno". En síntesis, se puede decir que al Tribunal Constitucional se le asignó como función la protección inmanente de los fundamentos jurídico-poñticos del régimen militar. Hasta ahora ha cumplido más de un papel importante en asuntos puntuales, pero la inquietante suma de sus abrumadoras facultades, unida al sesgo proveniente de la designación de sus miembros, lo proyecta como una sombra sobre el futuro democrático, que puede en cualquier momento extender el amplísimo manto de su imperio para ahogar las pretension~s del cambio social o el progreso institucional en Chile.

La mantención del general Pinochet como comandante en jefe del Ejército para el periodo 1990-1998

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En una transición, la función natural de un qictador es su repliegue más o menos discreto a la sociedad civil al concluir su mandato. Ésta había sido hasta ahora una regla de oro de todas las transiciones. N o es infrecuente que muchos de ellos logren recuperar posiciones en el curso de los años y hasta vuelvan a ejercer el poder político por cauces democráticos. Pero su destino inicial ha sido siempre la difuminación, el retiro total. 53 53 En los dos casos más conocidos en la historia contemporánea d~ América del Sur de un retorno legal de antiguos dictadores -el de Carlos Ibáñez del Campo en Chile, 1952, y el de Hugo Banzer en Bolivia, en ·1997-, el transcurso del tiempo fue un factor esencial. Ambos lograron la presidencia de sus países muchos años después del término de los regímenes de fuerza que encabezaban: 19 en el caso de Banzer y 21 en el de lbáñez.

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Augusto Pinochet ha sido también en esto una excepCión. La Constitución de 1980 le aseguró su permanencia como comandante en jefe del Ejército durante los ocho años siguientes al término de su gestión gubernativa y esto ha tenido un innegable impacto, nacional e internacional, en el reciente proceso político chileno. Aquí reside una de las principales claves para explicar el desencuentro entre las visiones internas e internadonales relativas a la transición chilena. Quien detenta un alto cargo público dispone de prerrogativas y reconocimientos que nunca han tenido los antiguos dictadores. Los ch:ilenos, al mantenerse el general Pinochet en su cargo, se han acostumbrado a que se le rindan honores, se le sitúe en lugares de precedencia protocolar y se le reconozca la legitimidad de una autoridad en ejercicio en un régimen polítiCo civil que intenta transitar a la democracia plena. Esto es algo que, sin embargo, nunca han podido entender ni perdonar los observadores externos, incluidos aquellos que apoyaron activamente a las fuerzas democráticas chilenas en los tiempos de su lucha contra Pinochet. Pero además, hay otro factor que se debe considerar. Que un conductor autoritario, que además ha detentado la sumatoria del poder público como él hiciera, se logre acomodar a la función de subalterno de un jefe de Estado democrático es especialmente difícil y complejo porque pesan constantemente en su conducta la historia y los hábitos del tiempo inmediatamente anterior. Probablemente uno de los asuntos más complejos que tendrán que enfrentar los historiadores que. en unas décadas más intenten descifrar las claves del tránsito chileno 102

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a la democracm va a-rer~~~~~ el del! rol que Pinochet desempeñó en este tiempo. En una conversación con el ex presidente Patricio Aylwin escuché el vivo y apasionante relato de su primer encuentro con el general Pinochet. Yo recordaba los detalles agresivos de la llegada del comandante en jefe del Ejército a La Moneda, con numerosos vehículos de su escolta personal que penetraron hasta el patio interior del Palacio de la Moneda, dando sus efectivos de seguridad un duro tratamiento a los periodistas que. pretendieron aproximarse, un hecho inusual en las etapas de la historia democrática del país. En el diálogo mismo, luego de saltar de uno a otro asunto general, Pinochet le planteó al presidente Aylwin, cuyo mandato se iniciaba en ese momento, el tema de su permanencia en el cargo. Y lo hizo con una referencia elíptica a lo acontecido en· Argentina, donde el juzgamiento y detención de los altos mandos de las Fuerzas Armadas originó una fractura del poder en el Ejército y la aparición de diversos grupos que, desconociendo al mando, intentaron protagonizar golpes de Estado contra las autoridades democráticas, como los encabezados por los coroneles Rico y Seineldin. A partir de' allí su conclusión fue: es mejor entenderse con un interlocutor difícil, pero que garantice la unidad del mando y esté dispuesto a cumplir con la Constitución que hizo aprobar, que darse el gusto de aplicar sanciones, de trasfondo vengativo, que acabarán por hacer incontrolable el estamento militar e imposíbi~itar la transición democrática. Bajo esa óptica se puede reconocer que, en ese punto, Pinochet planteó un argumento fuerte y que los dos ·~~'-:.·

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.·.... gobern antes electo~ -.los presidentes Aylwin y Freí Ruiz Tagle-- .,refirie ron "cohabitar" con el comandante en jefe del Ejército y antiguo dictador que experimentar amenazas fragmentarias y múltiples desde la esfera militar. Eso sí: recibiendo a cambio rudas advertencias en episodios como el del ejercicio de coordinación y enlace de diciembre de 1990, o la reunión del cuerpo de generales en tenida de combate de mayo de 1993; en el primer caso, ante la inminencia del dictamen de una Comisión Investigadora del Congreso que establecía responsabilidades para el hijo mayor de Pinochet en una operación de venta de empresas que fabricaban armamentos y que eran ·propiedad del Ejército y, en la segunda, frente a la citación judicial de oficiales por la activación de los procesos de derechos humanos referidos a la situación de los presos políticos desaparecidos. Igual cosa puede decirse, en el mandato del presidente Frei, de las tensiones que precedieron, entre mayo y julio de 1995, al cumplimiento de la sentencia condenatoria a seis años de cárcel del ex dir~ctor de la DINA, Manuel C~ntreras, por el asesinato del canciller Orlando Letelier en Washington. Lo que resulta evidente es que, a cambio de garantizar el funcionamiento disciplinado de los efectivos del Ejército, Pinochet desempeñó un constante y activo rol político que intentó hacer del diálogo entre el gobierno y el Ejército una relación entre dos entidades del mismo peso y no como acontece durante el funcionamiento normal de una democracia, entre una autoridad civil soberana y cuerpos militares jerárquicamente subordinados a ésta. 104

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Durant e los ocho años de su última gestión, el general utilizó muchas veces su posición para defender sus anteriores actuaciones y buscar la continuidad de diversas medidas que la mayoría democrática del país buscaba modificar. En este sentido, la pres.encia de Pinochet como comandante en jefe del Ejército y su protagonismo fue una de las piezas más efectivas del "proceso de amarre", y operó como un aval de éste, en la misma medida que su polémica figura establecía un nexo constante entre el pasado y el presente, dificultando la creación de un verdadero clima c:le normalidad democrática.

La inamovilidad administrativa de los funcionarios designados por la dictadura

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Chile es un país que ha tardado mucho en profesionalizar la administración civil del Estado. Hasta 1973 una cantidad muy importante de los cargos de la administración pública fueron de la exclusiva confianza del presidente de la República y en las restantes funciones, incluida la provisión de cargos modestos, se sentía la fuerte influencia de ministros, parlamentarios y dirigentes políticos de los partidos de gobierno. Esto, a pesar de la existencia de un detallado estatuto administrativo y de numerosas normas que intentaban favorecer el genuino desarrollo de una carrera funcionaria. Como contrapartida 'de este defecto se puede decir que desde hace bastante tiempo en la administración pública chilena ha prevalecido la probidad, lo que ha sido resguar105

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dado por efectivos mecanismos de control jurídico de las actividades burocráticas a cargo de la Contraloría General de la República y de una severa legislación penal. Esto ha combinado las sanciones administrativas con la privación de la libertad para los ocasionales infractores de la integridad del patrimonio público. En los años del régimen militar la discrecionalidad en la provisión de los cargos burocráticos llegó a ser absoluta, máxime cuando previo a toda contratación se exigía un informe de los organismos de inteligencia, que estableciera la ausencia de toda actividad política previa del postulante en los partidos o entidades sociales vinculadas a la oposición. El propio tiempo prolongado del ejercicio del poder por Pinochet fue acentuando el carácter monolítico de su administración. Por eso tuvo un mayor impacto la decisión tomada, pocos meses antes de la entrega del cargo, de establecer que las personas que se encontraran en el desempeño de funciones administrativas al 11 de marzo de 1990 no podían ser despedidas o cesadas en sus funciones, al mismo tiempo que se redujo drásticamente el listado de las posiciones de libre decisión del próximo presidente de la República (cargos de confianza). El efecto de esta medida fue especiahnente importante en la etapa inicial de la transición, cuando nuevos administradores que habían estado excluidos de toda participación en la gestión pública durante largos años tuvieron que conducir complejas instituciones, sin contar con asesores y expertos de su confianza para coordinar mejor a los extensos cuerpos administrativos que dirigían. Con el correr del .tiempo estas dificultades se suavizaron. El sector privado, mejor remune106

f-cionarios rado, resultó un escenario m-as prop1c1o pa más cercanos al gobierno militar que tenían buenos contactos con los círculos empresariales. A su vez, el grueso de los funcionarios que se quedaron tuvieron un comportamiento profesional y respetuoso de las autoridades elegidas. Por eso se puede afirmar que gradualmente la creación de nuevas normas y procedimientos para el fomento de las capacidades del servicio público han ido aproximando a Chile a la condición de un Estado moderno con una carrera funcionaria y una adecuada dotación de servidores, capaces de prestar apoyo a cualquier gobierno con eficacia y lealtad. Las prohibiciones de investigar

Una de las últimas disposiciones aprobadas por el general Pinochet, a comienzos de 1990, en la víspera misma de la entrega del mando, fue la de prohibir, al nuevo Parlamento que se instalaba y a las autoridades administrativas, toda investigación sobre hechos o acontecimientos acaecidos durante la gestión del régimen militar. Aunque probablemente la propia cautela emanada de la correlación de fuerzas habría desaconsejado a los dirigentes de los Partidos de la Concertación la constitución de muchas Comisiones Investigadoras de la Cámara de Diputados, lo cierto es que la prohibición legal de actuar en este campo introdujo una capitis diminutio en el funcionamiento del nuevo·, Congreso, del mismo modo que la imposibilidad de hacer efectivas las eventuales irregularidades administrativas ante los tribunales de justicia con107

sagró una situación carente de transparencia y equidad para el ~esto de los ciudadanos.

La disolución anticipada de los cuerpos de seguridad Uno de los capítulos menos defendibles en la acción del régimen militar durante el afianzamiento del "proceso de amarre" tiene que ver con la apurada disolución de la influyente policía secreta que Pinochet estableció. En 1973, al momento del golpe de Estado, todas las ramas de las Fuerzas Armadas tenían cuerpos profesionales de inteligencia (Servicio de Inteligencia Militar, Servicio de Inteligencia N aval y Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea). Debido a las exigencias de la situación posterior a septiembre de ese año, la función política de éstos fue considerablemente ampliada, desempeña ndo un papel activo en los variados Consejos de Guerra en que se enjuició a ::las autoridades civiles que colaboraron con el presidente Allende y a los escasos militares que no se plegaron a las acciones decididas por el alto mando para poner término al régimen constitucional. En 1974, Pinochet decidió dar un paso adicional, al establecer la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), organismo centralizado, con dependencia directa del jefe de Estado, y amplísimos poderes y recursos para conducir la" guerra interna" en contra de los enemigos del régimen. La DINA es especialmente conocida en el ámbito internacional por el papel que desempeñó en la preparación y ejecución de operativos extraterritoriales para eliminar a 108

los adversarios de Pinochet, como el que costó la vida al ex comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, y a su cónyuge Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en septiembre de 1974; el ataque a balazos que dejara gravemente heridos al ex vicepresidente de la República, Bernardo Leighton y a su mujer, Anita Fresno, en Roma, en octubre de 1975; o el bombazo en el corazón de Washington que asesinara a Orlando Letelier y a su asistente norteamericana, Ronnie Moffit, en septiembre de 1976.54 Pero más allá de estos capítulos más difundidos, la verdad es que la acción principal de laDINA se ejerció en la esfera interna y acabó por configurar un cuadro objetivo de "terrorismo de Estado", al permitirse que el funcionamiento de este organismo y de sus agentes se hiciera a base de cárceles y lugares de detención clandestinos; de pasaportes y cédulas de identidad falsas para sus colaboradores; placas falsificadas para sus vehículos y elevados presupuestos de gastos exentos de todo control. En este marco, los numerosos efectivos de laDINA allanaron viviendas, detuvieron ilegalmente a personas e hicieron desaparecer a sus víctimas luego de prolongadas torturas, tal como quedó establecido, por el testimonio de múltiples declarantes, en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Reconciliación, que acreditó como desapariciones políti54

El tomo dos -p. 591 y siguientes- del Informe Final de la Comisión Nacional de Verdad y ~econciliación consigna con detalles la participación de la DINA en los operativos que causaron la muerte del general Carlos Pratts y su mujer, en Buenos Aires, y Orlando Letelier y su asistente, en Washington. En cambio, el aten~ado contra el ex vicepresidente de la República Bernardo Leighton no es constderado por no haber resultado de muerte (condición necesaria en la selección de los asuntos de que se ocupó la Comisión Rettig).

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de 1987,56 los asesinatos de la Vega Poniente en Concepción, en 1988, o el crimen del dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Jecar Neghme, sólo tres meses antes de la elección presidencial y parlamentaria de 1989. Debido precisamente a que la CNI era un cuerpo con existencia real y actividad operativa hasta las etapas finales del régimen de Pinochet, resultó más chocante y violento que éste anticipara la disolución de dicho organismo, privando de una capacidad de depuración a las futuras autoridades civiles, apenas unos cuantos meses antes de dejar su cargo en el Palacio de la Moneda. El término de las operaciones de la CNI se acompañó de un traspaso de sus archivos, presupuesto y parte de su personal a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), operación que cercenó toda capacidad fiscalizadora y de control por parte de los dirigentes democráticos chilenos. Esta liquidación prematura del principal organismo de seguridad del régimen militar, con las consecuencias descritas, fue también, sin lugar a dudas, una pieza muy importante en el "proceso de amarre" del posterior gobierno democrático, puesto que limitó al presidente Aylwin en su capacidad de adoptar medidas eficaces en el campo de los derechos humanos que ayudaran a incrementar la legitimidad de la transición, restándole también acceso a una documentación y antecedentes que hubieran facilitado el proceso de Verdad y Reconciliación que éste buscó impulsar.

cas del régimen militar cerca de mil casos de entre los que le fueron presentados. Los excesos de la DINA llegaron a afectar el funcionamiento regular de los mandos militares y desacreditaron internacionalmente al régimen chileno hasta obligar a su disolución en 1977, a raíz de las fuertes investigaciones emprendidas por el gobierno de Washington en torno al caso Letelier-Moffit.55 La entidad que se estableció para reemplazarla, la Central Nacional de Informaciones (CNI), tuvo un carácter bastante diferente a su antecesora, si bien heredó su personpl y sus registros. A partir de entonces la eliminación masiva de disidentes terminó y concluyeron también las operaciones internacionales de carácter punitivo. Con todo, la CNI continuó operando una inmensa red de control político que cometió innumerables abusos, mantuvo la práctica de la tortura e impulsó, hasta muy cerca del fmal del gobierno militar, operaciones selectivas para la eliminación de opositores, como la Matanza de Corpus Christi 55

De la amplitud. y tenacidad con que al interior del sistema judicial de Estados

Unidos se trabajó por determinar y sancionar a los responsables del crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffit, ha dejado constancia en un libro el propio fiscal asistente que condujo esas investigaciones. Véase Eugene Propper y Taylor Branch, Laberinto, cinco volúmenes, Editorial Javier Vergara, Santiago, 1984. La magnitud de las evidencias acumuladas desencadenó una fuerte presión del gobierno norteamericano sobre el de Pinochet y condujo a la entrega del ejecutor material de los hechos, el agente de la DINA, Michael Townley, y más tarde llevó a otro de los inculpados, el· oficial del Ejército Armando Fernández Larios, a entregarse a la justicia de ese país. En Chile, entre tanto, luego de un largo proceso que concluyó en 1995, casi 19 años después del operativo realizado en el centro de Washington, la justicia condenó a penas de cárcel de siete y seis años al general Manuel Contreras, director de laDINA, y el jefe de Operaciones· de ese organismo, coronel Pedro Espinoza.

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La reactivación y avance del proceso que investiga la llamada "Operación Albania" se ha logrado en el curso de unas pocas semanas, a mediados de 1998, u~a .vez que ~s.te caso fue traspasado d~ la justicia militar a la jurisdicción de un m1mstro en VJStta de la Corte de Apelac10nes de Santiago.

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La mantención de los alcaldes designados Dentro del funcionamiento político administrativo del país, los municipios tuvieron durante el régimen militar una gran importancia. Se intentó modernizar su funcionamiento y se les descentralizaron numerosas funciones en los ámbitos de la educación y la salud públicas. Se les confió el desarrollo de los programas y políticas sociales, incluyendo toda la actividad asistencial del sector público. La encuesta CAS que realizaban permitió que los departamentos sociales de las municipalidades tuvieran un exhaustivo registro de las personas más pobres y necesitadas, favoreciendo el diseño y ejecución de los programas fuertemente focalizados que en ese tiempo se emprendieron. Las 330 municipalidades fueron también un semillero para el reclutamiento de nuevo y más competente personal estatal. Para los cargos de alcalde, Pinochet prefirió a profesionales jóvenes, eficientes e identificados plenamente con las ideas del gobierno militar. La mayor parte de ellos fueron reclutados de las filas del Movimiento Gremialista de la Universidad Católica, antecedente directo de la UDI. De esta experiencia provienen efectivamente los mejores cuadros de los actuales partidos de derecha y sus figuras mejor evaluadas en el Parlamento y la vida regional. No es de extrañar, entonces, que el general Pinochet dispusiera la designación de alcaldes en todo el país al concluir su gestión con un mandato que duraba hasta finales de 1993. Éste fue, s~ . embargo, el único eslabón ~n la sincroni-

zada cadena del "amarre" que el gobierno de Aylwin y la 112

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Concertación estuvieron en condiciones de modificar en plenitud. A través de prolongadas negociaciones con los partidos de derecha, Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, fue posible aprobar una reforma constitucional que posibilitó la elección directa de alcaldes y miembros de los consejos municipales, en junio de 1992. Este aislado episodio exitoso en el enfrentamiento de las ataduras institucionales legadas por el régimen de Pinochet fue, sin duda, un paso positivo al punto que ni siquiera el generalizado escepticismo que tienen en la actualidad los ciudadanos frente a la actividad política en Chile ha restado legitimidad a los municipios o reducido su convocatoria a la hora de la renovación de los mandatos de los ediles, como se pudo comprobar en las elecciones de octubre de 1996. Pero, examinado en su conjunto, se puede sostener que el "proceso de amarre institucional" perfeccionado en el último año del gobierno del general Pinochet constituye una experiencia única en relación con lo acontecido al término de otras dictaduras en África, el Medio Oriente, la Europa Oriental y del Sur o la propia América Latina, en las últimas décadas. Sin la comprensión completa de estos engranajes, es imposible entender el ritmo, las características y las limitaciones de la transición chilena. El conjunto de sus piezas ha sido dispuesto de tal manera que la sumatoria constituye un mecanismo de alta precisión, cuyos componentes se refuerzan mutuamente, evitando su supresión o la modificación de sus contenidos. En términos prácticos, para las autoridades dep1ocráticas los distintos componentes del amarre originan una suerte 113

de terreno minado, cuyas esferas de aplicación hay que eludir para lo cual, a su vez, se hace indispensable un ritmo lento, cauteloso y prudente en el propio quehacer del gobierno. Paradójicamente, los diferentes elementos de este proceso han influido hasta en la personalidad de los nuevos administradores del Estado chileno, incidiendo decididamente en las características del proceso de la transición a la democracia que a continuación analizaremos.

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4. Los laberintos de la transición chilena

Uno de los pocos puntos en que se han puesto de acuerdo todos los estudiosos de regímenes políticos autoritarios tiene que ver con la dificultad de los procesos de transición que siguen al fin de una dictadura. 57 La idea misma de "transición" da cuenta de las limitaciones que tuvieron para lograr un éxito completo quienes buscaron la apertura democrática. De haber sido así, cuando a un conductor autoritario se le desaloja del poder como consecuencia de acciones militares o de la configuración de un cuadro de ingobernabilidad resultado de la actividad de fuertes movimientos sociales, lo que viene a Véase Norbert Lechner, La conflictiva y nunca acabada constmcción del orden deseado, Ediciones Flacso, Santiago, 1984; Manuel Antonio Garretón, Dictaduras y democratización, Ediciones Flacso, Santiago, 1984; Dieter Nohlen y Aldo Solari, Refonna politica y consolidación'democrática, Ediciones Nueva Sociedad, Caracas, 1988; Juan Linz,La quiebra de las democracias, Alianza Editorial. México, 1990, y Augusto Varas, editor, Transición a la democracia, Ediciones de la Asociación Chilena de Investigaciones para la Paz, Santiago, 1984. 57

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continuación es un régimen político alternativo, que puede ser más o menos democrático, según los proyectos y voluntad de los antiguos opositores. En cambio, la construcción de una situación intermedia, de tránsito a la democracia, supone un equilibrio en la correlación de fuerzas entre los sostenedores del viejo régimen que se retiran y los partidarios de la recuperación de la democracia que logran acceder a la dirección del Estado, luego de acreditar su respaldo en la sociedad y de una negociación explícita o implícita. Un elemento común en todos los experimentos autoritarios d.el Cono Sur fue que en el momento de su desgaste se llegó a este terreno intermedio que obligó a abrir cauce a procesos de transición. En alguna situación, como la uruguaya, se estableció una negociación explícita a través de los Encuentros del Club Naval de Montevideo; en los demás casos, las condiciones para el cambio político se ajustaron por medio de propuestas y contrapropuestas públicas. En Chile se vivió una situación intermedia puesto que el escenario de apertura estuvo asociado a una determinación de los opositores de participar en el plebiscito que consiguieron ganar. Sin embargo, con posterioridad existió un ajuste de criterios en las conversaciones tenidas por representantes de la Concertación y dirigentes políticos cercanos al gobierno militar en vísperas de la reforma constitucional de 1989, en donde efectivamente se fijaron algunas condiciones al proceso político posterior. La situación chilena tuvo las restricciones propias de todos estos países, con el agregado de que, por los .factores ya señalados de la acción de Augusto Pinochet, éste pudo 116

imponer- merced al proceso de amarre- buena parte de las condiciones que rodearon al término de su gobierno y al inicio del periodo democrático. Tales circunstancias han originado en algunos críticos una lectura peyorativa de la actividad de la oposición a Pinochet, presentándola como más débil y menos resuelta que la de los países vecinos. De acuerdo con esta misma tesis, esto explicaría lo tardío del término del régimen militar en Chile -la última dictadura militar inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional que perdió posiciones-, así como las dificultades posteriores para lograr una plena democratización, lo que sería producto de acuerdos o compromisos innecesarios. Esta versión no se sostiene a la luz de los datos más relevantes del acontecer político de los años ochenta. El verdadero elemento diferencial entre la experiencia autoritaria de Chile y la de los demás países del Cono Sur tiene que ver con la mayor fortaleza del régimen encabezado por Pinochet y no con una debilidad o flaqueza de sus opositores. Durante largos años, éstos exploraron~ tenazmente todos los caminos y dieron pruebas notables de coraje e imaginación políticas en muchos casos. El primer intento, inmediatamente después del estallido de la gran crisis económica de 1982, fue el desarrollo de las Protestas Nacionales, iniciadas en mayo de 1983. Éstas lograron sumar un amplio frente opositor que incluía, en ese momento, a los sectores medios descontentos y a muchos empresarios y profesionales que enfrentaban situaciones difíciles. Se llegó a creer que las Protestas acabarían por desplomar a Pinochet, pero éste fue capaz de rehacerse y entablar negociaciones con los hombres de empresa más 117

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afectados. Simultáneamente impulsó hábilmente una fuerte represión de los sectores populares, que al provocar una progresiva radicalización de los grupos de izquierda, acabó por dividir a la oposición y aislar las Protestas. En agosto de 1985 se realizó un segundo intento bajo la convocatoria del arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, y tres asesores de su directa confianza, de alta influencia pública: Sergio Molina, José Luis Zavala y Fernando Léniz. Éste fue conocido como el '1\.cuerdo Nacional" y en él participaron políticos opositores de centro e izquierda (con la exclusión del PC, que ya propiciabé!l una salida militar y actuaba a través del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR). Por primera vez intervinieron dirigentes connotados de derecha que a esas alturas estimaban conveniente el fin del periodo de Pinochet, como Francisco Bulnes Sanfuentes, Andrés Allamand y Patricio Phillips. Este encuentro produjo l}n importante documento programático para ordenar un proceso de transición, que tuvo gran acogida en la sociedad civil ,chilena. Pese a ello, fue descalificado por el gobierno hasta el punto de que el propio Pinochet convocó al cardenal Fresno para dar por cerrada esta posibilidad, pidiéndole "que diera vuelta la hoja" cuando ya se organizaba la visita del Papa Juan Pablo II a Chile, en marzo de 1986.58 58

El viaje a Chile del Papa Juan Pablo ll, en abril de 1987, constituyó un episodio importante para el curso de las disputas que el general Pinochet sostenía con sus opositores, en relación con el futuro régimen político del país. Durante su estadía en el país, el Papa sostuvo un diálogo con los dirigentes poüticos de la oposición; simultáneamente las convocatorias hechas por la Iglesia a diversos actos públicos masivos llevó a la recuperación de hábitos completamente perdidos en los años previos, que fueron un importante antecedente de las grandes reuniones producidas luego en 1988.

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A principios de 1986 se hizo una tercera tentativa de anticipar el término del régimen militar a través de la Asamblea de la Civilidad. Esta vez el' protagonismo correspondió a 600 dirigentes sociales que cubrían desde el ámbito sindical hasta los colegios profesionales. Nuevamente, el escenario escogido fue el de la movilización social, planteándose un paro nacional para los días 9 y 10 de julio de ese año en demanda del término de la gestión de Pinochet y la vuelta a la democracia. 59 El gobierno militar respondió otra vez con dureza y habilidad. Ordenó detener a todos los dirigentes que encabezaban la Asamblea de la Civilidad y en plena ejecución de esa maniobra encontró una ayuda inesperada con el descubrimiento de una importante partida de armamentos internada por el Frente Manuel Rodríguez en Carrizal Bajo, al norte del país. Un vuelco definitivo de la situación se produjo con el atentado que el FPMR realizó fallidamente contra Pinochet la noche del7 de septiembre de 1986, en el Cajón del Maipo, a 25 kilómetros de la capital. A partir de allí fue posible para el régimen establecer una vez más el Estado de sitio y descabezar por completo a las organizaciones ~iviles. 60 59 El

éxito parcial de las jornadas de julio de 1986 originó una reflexión importante en muchos dirigentes opositores. Se lograba, con un enorme esfuerzo, paralizar las actividades productivas e interrumpir la vida cotidiana de las grandes ciudades, pero no se desprendía ninguna evidencia de que esas situaciones pudieran tener un efecto acumulativo que llevara a un retorno a la democracia. Más bien se percibía una creciente capacidad del gobierno militar para abso~berlas y neu' tralizarlas. 60 Una detallada crónica acerca de la programación y ejecución del atentado contra el general Pinochet, en el Cajón del Maipo, se puede hallar en el libro de Patricia Verdugo y Carmen Hertz, Operación Siglo XX, Ediciqnes del Ornitorrinco, Santiago, 1990.

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Un último y más débil intento para torcer el rumbo establecido en la Constitución de 1980, que consagraba un plebiscito uninominal que tendría a Pinochet como seguro postulante, fue la constitución de varios Comités por las Elecciones Libres en 1987. Frente a esta última pretensión, al gobierno le bastó con no hacer nada y dejar que el tiempo transcurriera. A finales de ""1987 resultaba claro para los opositores que habían buscado tenazmente un camino social de término de la dictadura que no tenían otra alternativa que participar en el plebiscito previsto para 1988, levantando la opción del "no" frente a Pinochet. Esto no resultaba fácil pues suponía reconocer, y en buena medida legitimar, la Constitución de 1980 con todos sus ingredientes. 61 Pero, por otra parte, resultaba claro que Pinochet, como personalidad autoritaria, disponía de fortalezas que no se podían desconocer. En casi 16 años de dictadura había mantenido un sólido liderazgo militar, especialmente en el interior del Ejército, donde era reconocido como el líder supremo de la institución. Si se dejaba de lado el conflicto con el general Gustavo Leigh, comandante en . jefe de la Fuerza Aérea, en 1978, que él zanjó tajantemente con la salida de su contradictor de la Junta Militar y el alejamiento de todos los altos oficiales de la FACH que se 61

El debate fue particularmente agudo al interior de la Coalición Izquierda Unida, establecida en 1987,justamente para tratar de que los diversos partidos de izquierda tuvieran una posición común en 1988. Finalmente esto no fue posible y esta entidad se paralizó. El Partido Socialista, dirigido por Clodomiro Almeyda, junto al MAPU, la Izquierda Cristiana y el Partido Radical Socialista Democrático, participaron en la constitución del Comando Nacional por el No, en febrero de 1988, mientras el PC y el MIR se mantuvieron fuera de éste.

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solidarizaron con Leigh, Pinochet no había conocido en toda su gestión un complot o maniobra de origen castrense. Y éste era un factor de fuerza que ningún análisis riguroso podía dejar de tener en cuenta. El 2 de febrero de 1988, 13 organizaciones políticas de centro e izquierda constituyeron el Comando Nacional por el No y empezaron a abordar la gigantesca tarea de lograr una inscripción superior a seis millones de ciudadanos en los registros electorales recién reabiertos, organizar una estructura de campaña y formar comandos en las trece regiones del país, además de preparar apoderados para fiscalizar 22 000 mesas de votación. Simultáneamente hubo que dar forma a una fuerte solidaridad internacional, capaz de convertir la lucha por el No y el rechazo a Pinochet en el plebiscito en un hecho de impacto mundial. Todo eso fue posible gracias a un trabajo abnegado y lleno de mística que, de paso, generó las más impresionantes capacidades de movilización social en la historia contemporánea de Chile. El registro de electores superó los siete millones y medio de inscritos; los actos de cierre de la campaña del No reunieron a cerca de un millón de personas en Santiago y a centenares de miles en las principales ciudades del país. Un competente y creativo grupo de expertos comunicacionales proyectó una visión positiva y esperanzadora en tomo al triunfo del No en los 15 minutos diarios de los que se dispuso el último mes en los canales de televisión. Cientos de observadores extranjeros llegaron a Chile a controlar la normalidad del plebiscito. Una red de fiscalización de cobertura nacional y altamente tecnificada 121

con uso masivo de computadora y fax, medios poco generalizados en esos años, permitió a los opositores de Pinochet disponer de un recuento paralelo de los resultados en las primeras horas de la tarde deiS de octubre de 1988. Ese día cambió la historia de Chile y restableciendo las antiguas tradiciones ciudadanas -con un lápiz y un pedazo de papel- cuatro millones de chilenos decidieron el término de la más poderosa dictadura militar en la historia contemporánea del Cono Sur. El júbilo y masividad de los manifestantes en los días siguientes ayudaría a consolidar la irreversibilidad de la salida de Pinochet' del poder. U n.a semana después nació la Concertación de Partidos por la Democracia 62 que, tras una serie de fusiones de partidos pequeños, agrupó a cuatro organizaciones políticas: la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical. Sin grandes problemas, la Concertación levantó como candidato presidencial para las elecciones del 14 de diciembre de 62 La decisión de crear una entidad que proyectara la acción de los participantes en el Comando del .No se tomó pocas horas después de conocido el resultado del plebiscito. En las oficinas de Edgardo Boeninger, ex rector de la Universidad de Chile y futuro Ministro de la Presidencia, en la comuna de Providencia, nos reunimos los miembros del Comité Directivo Nacional, el6 de octubre, trasladándonos poco después a la Casa del No, en la Alameda, calle a lo largo de la cual decenas de miles de personas realizaban masivas demostraciones de alegría por el resultado conseguido. En pocos minutos concordamos en la idea de estructurar una entidad política más permanente, designándose un comité técnico para que diera forma a una propuesta específica. En la sesión siguiente del Comité Directivo del No, el14 de octubre, se concretó la creación de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia. Ésta fue pensada inicialmente como un instrumento temporal, válido para enfrentar la elección de 1989 y gestionar el primer gobierno democrático, el que nos parecía que coincidiría en la realización completa del proceso de transición a la democracia en el país.

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1989 a Patricio Aylwin, quien había sido el coordinador del Comando por el No. Patricio Aylwin había sido una personalidad destacada e.n los años finales del Chile republicano. Destacado junsta y profesor universitario, hijo de un respetado ex presidente de la Corte Suprema, fue dirigente de la Falange Nacional y fundador de la Democracia Cristiana, partido del que llegó a ser presidente nacional en 1959, desempeñando esa misma función en varios periodos posteriores. Elegido senador en 1965, fue uno de los colaboradores políticos más estrechos del presidente Eduardo Frei Montalva, del mismo modo que se singularizó luego como un duro opositor al gobierno de la Unidad Popular. En las filas de la izquierda se recordaba preferentemente su desacuerdo con el presidente Allende en la dramática convocatoria hecha por el arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, para intentar una salida a la crisis política del país en agosto de 1973. Del mismo modo, Aylwin había considerado el golpe de Estado como una salida inevitable y así lo había comunicado en una nota a los máximos dirigentes de la Democracia Cristiana.Internacional. Poco tiempo después, sin·embargo, al conocer las denuncias de violación sistemática de los derechos humanos, pasó a ser un opositor activo al régimen de Pinochet. Partidario de una salida gradual a la democracia, fue el primero en plantear la necesidad de aceptar el marco institucional establecido en la Constitución de 1980, para lograr el retorno a la democracia. En esa perspectiva, su apoyo a la configuración de un bloque amplio opositor para organizar el No fue decisiva en el éxito 123

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de esta operación. Como conductor político del Comando del N o estableció puentes y reconstruyó confianzas con la mayoría de los dirigentes de la izquierda, los que tuvieron una valorización muy positiva del trabajo conjunto. La campaña presidencial de Aylwin en 1989 mantuvo la mística del tiempo del plebiscito y prefiguró, desde bastante tiempo antes, la holgada victoria del candidato de la Concertacfón en las elecciones del14 de diciembre de ese año. (Naturalme nte no se debe olvidar que mientras Aylwin y sus colaboradores desarrollaban sus actividades, el general Pinochet y su equipo, en una verdadera operación de Estado Mayor Conjunto, perfeccionaban el "proceso de amarre" y sentaban muchas de las bases de la etapa siguiente.) Por lo mismo, el tercer momento de la vida política del Chile reciente, la transición a la democracia, está mucho más entrecruzad a con el periodo autoritario que lo acontecido en el cambio precedente. El Chile republicano desapareci ó para siempre en 1973, mientras que el Chile autoritario se sumergió parcialmente en marzo de 1990 al concluir la gestión de Pinochet, pero muchas sorpresivas ramificaciones de su quehacer reaparecier on en la siguiente etapa con el avance de la transición. En cualquier lugar del mundo, pero particularmente en la América Latina de finales de la "década perdida", las agendas de las transiciones fueron difíciles, pues abarcaron asuntos que debían ser resueltos en las más diversas esferas. Algunos temas estaban ligados al pasado inmediato y tenían los vetos y restricciones que coloc~ban los que habían dejado recién el poder. Otros tenían una dimen124 1

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sión prospectiva y obligaban a impulsar, en corto tiempo, cambios y transformaciones que la sociedad no siempre comprendía bien. En este listado se incluían los problemas derivados de las violaciones de derechos humanos realizadas bajo una dictadura; el tratamiento de la llamada "deuda social", provocada por la disminución del gasto público que las políticas de ajuste de los años ochenta produjeron en el área de la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda o el sistema asistencial; la desarticulación de los grupos armados, la violencia y el terrorismo consolidados en la trágica dinámica de "guerra interna"; la consagración de nuevas relaciones cívico-militares para asegurar la obediencia de los mandos castrenses a las autoridade s democráticas; el afianzamiento de una institucionalidad legítima y eficaz que eliminara los enclaves autoritarios heredados y una reinserción internacional del país, especialmente complicada en un tiempo de grandes transformaciones globales. El efecto combinado de las ataduras jurídicas y la complejidad de los temas que ha debido abordar es lo que ahora permite sostener que la transición chilena ha acabado siendo la más difícil y prolongada del Cono Sur de América Latina. N o era ésta la impresión inicial, debido al tono prudente y responsable de los dirigentes democráticos chilenos, al carácter moderado del programa de gobierno de Patricio Aylwin y al rápido restablecimiento de muchas prácticas políticas y tradiciones culturales de antigua data en el país·. Sin embargo, el dato material estaba ahí: el régimen militar contaba con el respaldo del100% de las Fuerzas 125

Armadas y había acreditado un 43% de apoyo en el plebiscito de octubre de 1988, mucho más de lo que cualquier otra cúpula militar de la subregión hubiese recibido de haberse embarcado en un intento semejante. Además, a diferencia de lo acontecido en Brasil, Uruguay y Argentina, el saldo económico de los últimos años no arrojaba números rojos, sino un importante crecimiento. La transición chilena a la democracia ha tenido un ritmo lento que semeja el ascenso a un terreno escarpado y sinuoso en que las dificultades del camino postergan una y otra vez la llegada a la cumbre desde donde se espera divisar el nuevo territorio al que se desea llegar. La democracia completa no ha aparecido aún, pese a las numerosas c\}rvas que trabajosamente ha habido que recorrer. Tampoco se sabe a estas alturas cuántas más habrá que superar para tener la certeza de que la transición ha terminado. La administración del presidente Patricio ·Aylwin debió afianzar ante todo su propia consolidación política y eso pasaba, primero que nada, por mantener, y ojalá acrecentar, las metas de crecimiento de la economía chilena. En la estrategia ·de la derecha esto había sido presentado como el talón de Aquiles de las fuerzas democráticas. Durante la campaña de 1989 habían reconocido incluso· "excesos" en materia de derechos humanos, pero no se cansaron de señalar que el desconocimiento y la incompetencia de los equipos económicos de reemplazo llevarían al país al estancamiento productivo y a una involución económica. Para impedir esto último, el nuevo equipo encabezado por el ministro de Hacienda Alejandro Foxley se colocó

como primer objetivo preservar los equilibrios macroeconómicos y elevar los niveles de crecimiento. Esto se acentuó por razones de imagen a un punto de quitar visibilidad a la política social y a los programas diseñados para reducir los elevados niveles de pobreza que, a pesar del quinquenio de crecimiento, la sociedad chilena presentaba al concluir la década de los ochenta.63 La gestión económica del segundo gobierno de transición, encabezado por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, ha sido plenamente concordante con la del primero. Aun teniendo en consideración las dificultades que para la economía chilena se presentan como secuelas de la crisis asiática, lo cierto es que las cifras acumuladas en estos años garantizan que la década de los años noventa tendrá para Chile los mejores números económicos de todo el siglo xx. Según los datos actualizados entregados por el presidente del Banco Central, Carlos Massad, 64 en los primeros ocho años de la década -entre 1990 y 1997- el país creció a una tasa promedio de 8.1% anual, duplicando en ese tiempo el tamaño del PIB. A ello hay que agregar que se r~dujo sostenidament e la tasa de inflación de :un promedio de 27% en 1990, a 6% en 1997. El ingreso per cápita ha subido a 5 300 dólares, pero según los cálculos del Banco Mundial, que ajusta las paridades según el poder de compra, 63

Un recuento de los esfuerzos sociales de ese periodo se puede hallar en el libro, editado por el Ministerio de Planificación y Cooperación, Integraci6n al desarrollo, balance de la política social 1990-1993, Mideplan, Santiago, 1994. 64 Exposición sobre la economía chilena realizada por el presidente del Banco Central~ ~arlo.s Massad, a. los embaja~ores de Chile en América Latina y el Caribe, en el M1ruster10 de RelaciOnes Extenores, antiguo Salón de Sesiones del Senado el21 de abril de 1998. '

Chile tiene un ingreso de alrededor de 10 000 dólares, el primer lugar de América Latina. El crecimiento se ha sustentado en una mayor inversión que en 199711egó a un 33% del producto. El ahorro por su parte alcanzó en 1997 al21.4% del PIB, y se vio favorecido por una alta contribución fiscal expresada en un superávit fiscal global del2% del PIE y un apo~e de los recursos acumulados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP's) del4% del PIE. Especialmente significativo ha sido el aumento de la población ocupada en la economía chilena. A mediados de la década de los ochenta la gente que en el país tenía un trabajo llegaba a 3 300 000 personas; a principios de 1997 había crecido a 5 200 000, lo que representa la generación de casi 2 000 000 de empleos en 12 años. Las reservas del Banco Central llegaron ese último año al22% del PIE, con un monto superior a los 18 mil millones de dólares. Al mismo tiempo, Chile tiene· una deuda externa de un monto bastante manejable: 27 mil millones de dólares de deuda, contra 81 mil millones de dólares en valor anual del producto. La deuda total de corto plazo, pública y privada, es de sólo 1 500 millones de dólares. Entre tanto, en 1997la inversión extranjera directa ascendió a un 7% del PIB. I-Iasta el inicio de la contracción productiva provocada por la situación económica de los países asiáticos, la percepción internacional de riesgo de la economía chilena, según los indicadores de Standard & Poors (A-), constituía la mejor calificación recibida por un país de la región.65 65

Véase diario Refonna, México, D.F., p. 1, sección Negocios, 11 de junio de 1998, "Los ojos en las calificaciones".

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Es cierto que estos datos deberán ser concordados con las nuevas cifras que en los últimos meses de 1988 han creado una fuerte sensación subjetiva de crisis entre los agentes económicos chilenos, agudizada por el impacto psicológico de 14 años de bonanza continua. Los ingresos públicos del Estado se redujeron en unos 1 400 millones de dólares en 1998 debido a la caída del precio del cobre a uno de sus niveles históricos más bajos de la última década (bajando hasta 0.65 centavos de dólar la libra); se ha registrado una disminución de las reservas internacionales netas del país de 1 500 millones de dólares el segundo semestre; ha habido un incremento del déficit en cuenta corriente en 1998 superior al5% del producto y un aumento de los índices de desocupación con proyecciones para el primer semestre de 1999 de un 7.5% de la fuerza de trabajo (versus 5.8% a finales de 1996). Ahora bien, en el caso chileno hay que tener en cuenta el desajuste existente entre los datos económicos y los de la esfera social. Las impresionantes cifras del crecimiento económico de Chile no alcanzan a ocultar la magnitud de la tendencia concentradora que ha caracterizado la distribución del ingreso. De acuerdo con la última encuesta CASEN, 66 66 Las Encuestas de Caracterización Socio Económica Nacional (CASEN). fueron

establecidas en 1985, como un instrumento para ayudar a la formulación de las políticas sociales y mejorar la implementación de los proyectos públicos. Uno de sus objetivos es la medición de los niveles de pobreza en las diversas regiones del pais. La encuesta CASEN tiene un carácter nacional y en sus últimas versiones ha abarcado 45 000 mil hogares en 212 comunas de las 13 regiones de Chile. Las muestras han sido preparadas y aplicadas por el Departamento de Eeonomía de la Universidad de Chile y luego pr9cesados sus resultados por la Comisión Económica para América Latina. Estos resultados están disponibles sólo desde la segunda encuesta realizada en 1987, pues la primera no fue dada a conocer por razones que no fueron especificadas.

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en diciembre de 1996, el1 0% más pobre de la población recibía sólo el1.3% del ingreso autónomo (contra 1.5% en 1987) en tanto que ellO% más rico de la población se apropiaba del41.6% del mismo ingreso autónomo (41.3% en 1987). Entre 1994 y 1996la variación porcentual del ingreso ~, del10% más pobre ascendió a 9.7% mientras que la del decil más rico llegó a 13.3%, mostrando que los mejoramientos de los pobres continúan siendo porcentualmente ·7"' inferiores también en un bienio de fuerte crecimiento. Para tener una visión de conjunto se debe señalar que, en parte por el ritmo de crecimiento general de la economía y en parte por el aumento del gasto social (que subió del 59% del presupuesto nacional total en 1989 a 71% en 1995 y los años siguientes), así como por la introducción de nuevos y más variados programas sociales, los niveles de pobreza se han reducido consistentemente en estos años. Según las mismas encuestas CASEN, el45.1% de la población se encontraba en situación de pobreza en 1987, de los cuales 17.4% eran indigentes, en tanto que a fmales de 1996 este porcentaje se había reducido a un 23.2%, prácticamente la mitad, y sólo un 5.8% de estas personas vivían en la extrema pobreza. Un examen en perspectiva de los datos esenciales de las políticas económicas y sociales aplicadas en Chile desde el inicio de la transición ayuda a recuperar un balance que está muy ausente en la mayoría de los juicios que se hacen acerca de la situación del país en los años recientes. En su intencionalidad más profunda, los gobiernos de Aylwin y Frei han buscado aplicar una estrategia de desarrollo que·persigue simultáneamente dos objeti130

vos: un crecimiento dinámico y una mayor preocupación social. En la práctica, lo primero ha tenido en la sociedad una percepción mucho más fuerte que lo segundo, acentuando una imagen de continuidad con muchos de los rasgos y criterios de la política económica aplicada en los cinco últimos años del régimen de Pinochet. Muy frecuentemente incluso se ha utilizado el calificativo de "neoliberal" para rotular a toda esta etapa de crecimiento acelerado y hasta se ha llegado a sostener que existe continuismo entre la estrategia económica de la última etapa del gobierno militar y las administraciones de la Concertación. En mi opinión, el camino seguido por los gobiernos de la Concertación tiene sustanciales diferencias con las fórmulas económicas de la etapa del ministro Büchi. Entre comienzos de 1985 y marzo de 1990 el régimen militar consiguió aplicar una versión corregida de los esquemas que se encontraban vigentes desde la venida de Milton Friedman al país a principios de 1975. El mejor resultado de esta última etapa se basó en una política cambiaría más flexible, en una efectiva estrategia de aumento de las exportaciones con mejores precios internacionales de éstas y en rp.ayores estímulos a los sectores productivos. Pero aun· en este período se conservó un fuerte control del gasto social; se mantuvieron bajas las asignaciones de fondos públicos para programas de salud, educación y viviend~, y se ~i~uió asignando una importancia central y se acelero al maXImo la política de privatizaciones de empresas públicas, a la vez que se revalidaba··como el objetivo básico una generalizada desregulación de la economía chilena.

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Los gobiernos de la Concertación, en cambio, han logrado algunos de los mejores resultados de toda la región en cuanto a los programas de erradicación de la pobreza y a la atención más diversificada de las necesidades sociales de los sectores más débiles. Al mismo tiempo, han reforzado las capacidades productivas de las empresas públicas como las cuatro divisiones de la Corporación del Cobre (Codelco) y la Empresa Nacional del Petróleo, entre otras. Éstas han racionalizado su organización, bajado sus costos y elevado considera-b lemente su productividad, al punto que nadie podría hoy día en propiciar su venta con base en la calificación de "ineficiencia" que sirvió para conformar los primeros listados de empresas estatales que fueron transferidas al sector privado, a mediados de los años setenta. Es necesario consignar, sin embargo, que la percepción política más difundida en el país es una de continuidad más que una de cambio. En el funcionamiento de-la actividad económica y el aparato productivo, 67 la creciente diferenciación entre los segmentos sociales y las 13 regiones político-administrativas en que se agrupa la población chilena relativiza muchas veces los indicadores económicos más espectaculares. El grueso de la población tiene, al 67 La disponibilidad de cifras en materia de indicadores sociales, comuna por comuna, permite ponderar en Chile en forma más exacta los resultados de carácter nacional. Un buen ejemplo es el índice de mortalidad infantil, que mide cuántos niños de cada mil nacidos vivos fallecen en el primer año de vida. El dato a nivel nacional es muy bueno: hacia 1995 había bajado a 13 por mil. La desagregación de esa estadística indicaba que en Las Condes el índice era de 8 por mil, en Ñuñoa 10 por mil, mientras en las comunas de mayoría indígena de la Novena Región llegaba a 61 por mil en Lumaco, y a 63 por mil en Lonquimay. Estas últimas cifras, por cierto, están lejos de corresponder al registro de una sociedad moderna y equitativa.

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mismo tiempo, una diaria comprobación de los altos niveles de consumo de los sectores más acomodados cuya ostentación es reflejada, muchas veces con admiración, en los medios de comunicación social. La idea de que "nadie vive en la macroeconomía", sino que las personas y las familias realizan y definen sus condiciones de existencia en la vida cotidiana que les toca sobrellevar, ha ayudado a afianzar la percepción de cuán importante y extensa es la brecha que todavía separa a ricos y pobres hasta convertirla en el dato más importante en el funcionam iento de la sociedad chilena durante estos años de la transición. El Chile de los años noventa puede ser un excelente mirador para observar los múltiples impactos que en la vida cotidiana de la gente producen los procesos de modernización que se sobreaceleran por un fuerte crecimiento. Hace ya varias décadas que Samuel Huntington, en su clásico trabajo El orden político en las sociedades en cambio, explicó que la estabilidad social es propia de las sociedades tradicionales y de las modernas, pero tiende a desajustarse en aquellos países que están en curso de modernización. En ellos, la mayor riqueza global-_habitualmente concentrad a en grupos pequeños - abre expectativas generalizadas de mejoramiento, que lleva a los sectores medios y populares a realizar enormes sacrificios para lograrlos, los que alteran su vida cotidiana. La gente acumula más de un empleo, se endeuda para adquirir casas o bienes que mejoren su condición, sin tener siempre la certeza de un ingreso adecuado para cumplir sus compromisos. La vida familiar se resiente por la creciente incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Los valores 133

cambian y se rompen los viejos circuitos del apoyo familiar y los nexos amistosos de la vecindad. El individualismo y la competencia crecen y las personas sienten que hay una carrera de unos contra otros para ganar o perder en la nueva realidad económico-social. Muchos de estos elementos han estado presentes en la realidad chilena de los últimos años y se reflejan bien en los estudios e investigaciones realizados acerca de la calidad de vida en el país. Entre las dificultades surgidas en la esfera de las percepciones sociales, que más tienen que ver con la situación política, hay que consignar un factor que, a mi juicio, también ha perjudicado a los gobiernos de la Concertación: su reticencia a asumir visiones y proyectos de mediano y largo plazo. En esto se han reforzado los criterios que prevalecen en la tecnocracia económica y entre los especialistas en comunicaciones que rinden culto a las reglas del marketing político. Para ambos lo único que cuenta es la coyuntura: el índice de inflación del próximo mes o la posición del presidente de la República en la próxima encuesta. N o interesa el liderazgo genuino, interesa la apariencia del liderazgo; no importa cuánto se afianzan en lo profundo las potencialidades del país, importa la aceptación fugaz del público al próximo paquete de medidas que se espera anunciar. Los programas de lenta maduración se abandonan apenas aparecen las primeras críticas, puesto que éstos predisponen negativamente a la opinión pública a la hora de realizar la próxima evaluación del gobierno. Dentro de este nuevo enfoque político, que ha caracterizado la década de los noventa, la planificación estratégica y los estudios prospectivos que permiten tomar 1~.d.

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decisiones importantes hacia el futuro pasan a ser un asunto de segundo o tercer orden; al momento de elaborar los presupuestos, tales proyectos no reciben los recursos núnimos para abordarlos seriamente. Con esto, a la larga desaparece la que hasta hace algún tiempo era una importante preocupación política en Chile: tener un proyecto de país, haciendo que las medidas de hoy reforzaran las decisiones de mañana y tornando posibles objetivos que están más . allá de un sexenio, pero que pueden ser afianzados en la continuidad de los esfuerzos de efectivas políticas de Estado. En lo político, la transición chilena a la democracia ha seguido un curso que ha acabado por ser engañoso. En sus comienzos la llamada "política de los acuerdos" permitió al eficaz y coordinado equipo político del presidente Aylwin, formado por el ministro de la Presidencia, Edgardo Boeninger, y el ministro secretario general de Gobierno, Enrique Correa, buscar y obtener entendimientos puntuales con el grupo más aperturista de la oposición al interior de Renovación Nacional. Estos acuerdos llevaron en 1990 incluso a la aprobación de una reforma tributaria que allegó recursos extraordinarios por 600 millones de dólares al financiamiento de los nuevos programas· sociales del gobierno entre 1991 y 1993. Con muy pocos momentos de excepción, como los movimientos militares ya reseñados, el primer gobierno de la transición no vivió en un clima de incertidumbre o riesgo. La sensación de normalidad política fue una constante del cuadrienio transcurrido entre marzo de 1990 y marzo de 1994. Semejante normalidad tuvo, sin embargo, un efecto político relevante: achicar el universo de los que se interesaban

en los asuntos públicos. En Chile las cosas transcurrieron de un modo que fue haciendo innecesaria la presencia de los actores sociales como fuerzas coadyuvantes en la marcha del gobierno. De la política con altos componentes de masividad que caracterizó la acción de los gobiernos antes de .1973 y también las movilizaciones en contra de Pinochet, no quedó prácticamente nada. Un examen intencionado podría suponer incluso la voluntad de algunos colaboradores del presidente Aylwin de empujar afuera del escenario a aquellos protagonistas capaces de inducir alternativas más radicales a las que el gobierno ejecutaba para manejar más cómodamente la situación política. Esta amplia búsqueda de entendimientos restó importancia y validez a toda forma de conflicto social y fue diluyendo el perfil político-ideológico de las propuestas de uno y otro bando. Entre los dirigentes de la Concertación, la aceptación de la continuidad se afianzó con base en un supuesto optimista: que el sistema electoral iría consolidando gradualmente la capacidad operativa de la coalición de gobierno, hasta permitir la supresión de "los enclaves autoritarios", como se denominó a aquellas cláusulas de la Constitución de 1980 no compatibles con ia lógica de una verdadera democracia política. Semejante estimación se probó finalmente incorrecta; en 1993, con un número mayor de votos. la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia eligió menos senadores y diputados que en 1989, debido a que la oposición de derecha logró un acuerdo más efectivo que impidió la dispersión de sus fuerzas, como en parte ocurriera en 1989 al competir en listas separadas la Unión de Centro Centro del empresario Francisco Javier 136

Errázuriz. 68 Dos proyectos concretos de reformas constitucionales para eliminar las disposiciones restrictivas de la soberanía popular de la Constitución fueron rechazados en su totalidad por el bloque conservador en el Senado, la primera durante el gobierno del presidente Aylwin, en 1992, y la última durante el de Freí en 1996. Durante los años de la administración Frei la percepción de que resultará muy difícil levantar las hipotecas de la "política de amarre" se ha afianzado todavía más. El segundo impulso para lograr las reformas constitucionales pendientes fracasó, a pesar de que el grupo que las apoyaba dentro de Renovación Nacional logró una resolución oficial favorable a esta postura, en una reunión del Consejo General de ese partido efectuada en Temuco. Los llamados "poderes fácticos" -las grandes organizaciones de empresarios, las cúpulas militares ligadas a Pinochet y los grandes medios de comunicación escritos y audiovisualesdemostraron que disponen de un poder creciente para controlar la marcha del país. Todo esto ha acentuado el desaliento y pasividad de un sector de la ciudadanía que incluye algunos de los grupos que, con más fuerza, buscaron el retorno a la democracia en Chile después de·1973. Éstos perciben que están viviendo en un nuevo país muy distinto al que anhelaban y se ven muy afectados por un 68

En 1989las Fuerzas del No también tuvieron una dificultad operativa para sumar completamente sus fuerzas: no fue posible establecer un pacto electoral entre las listas de la Concertación y las del Partido Amplio de Izquierda Socialista, en el que participaban varios de 'los integrantes de esa Coalición, más los candidatos del PC, MIRe Independientes de Izquierda. De haberse logrado tal entendimiento, con la suma de los votos obtenidos por ambas listas se habrían elegido un senador y siete diputados más.

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nuevo ambiente político que afianza tendencias a la disminución de las actividades del Estado; al congelamiento de los problemas pendientes de derechos humanos; al aumento del poder de las decisiones de los grupos empresariales que condicionan la vida del país cuando hay que resolver sobre proyectos productivos. Igualmente les causa desaliento las elevadas cuotas de influencia que retienen en los llamados asuntos valóricos (campañas contra el sida, censura cinematográfica, actitudes frente al embarazo adolescente, ley de divorcio, etc.), los grupos de poder organizados en torno a posturas conservadoras o integristas. Ante la erosión de los poderes que emanan de la soberanía popular, un número significativo de gente se ha alejado de la política temporalmente, retirándole su apoyo al gobierno y a los partidos de la Concertación. 69 En general, habría que anotar que el pesimismo ha sido una actitud bastante frecuente en el estado de ánimo de los chilenos. Hace 40 años, en marzo de 1958, cuando el economista Jorge Ahumada escribió su libro-programa para 69

Los números son elocuentes, y a partir de ellos se ha abierto recientemente, en junio de 1998, un debate entre José Joaquín Brunner; en ese momento ministro secretario general de Gobierno, y el destacado académico Norbert Lechner, acerca de si el aumento de la abstención y el voto nulo en las elecciones de diciembre de 1997 eran un expresión de descontento del electorado y un castigo a la Concertación de Partidos por la Democracia. Bunner basó su argumentación en que los estudios de opinión posteriores no mostraban ninguna diferencia significativa en la evaluación política de quienes votaron y de quienes no lo hicieron; Lechner subrayó que esos ciudadanos sí reflejaron "una frustración democrática", y la idea de que "la gente espera más del Estado" y que hay, sobre todo, un diagnóstico del acceso desigual de los chilenos a la oportunidad de progreso y a los sistemas de protección". El origen de este interesante cambio de ideas fue un informe preparado por el PNUD para Chile titulado "Desarrollo Humano 1998: Paradojas de la modernización".

la modernización equitativa de Chile, En vez de la miseria, en uno de sus primeros párrafos comentó cuánto le impresionaba, al regresar después de largos años de trabajo afuera, el desaliento de casi todas las personas con las que había conversado respecto al futuro inmediato del país. 70 Los factores anteriores, a su vez, han permitido nuevas ofensivas encaminadas a debilitar el valor de la acción pública. Se desvalorizan los debates acerca de la orientación y el rumbo que debe seguir la sociedad, así como los principios y valores que deben inspirar estas decisiones para dar una mayor importancia a lo coyuntural e inmediato, convirtiendo en paradigma del buen político al que "hace cosas" sin importar hacia dónde éstas conducen, qué relación guardan entre sí o cómo se prioriza el uso de los recursos públicos para lograrlas. La convicción que tienen muchos de que la hegemonía de la sociedad ha quedado defmitivamente en manos de personas distintas de aquellas que los ciudadanos eligen cuando nominan al presidente de la República, a los senadores o los diputados, desacredita también a los partidos políticos que, cada vez con menos militantes activos, se van convirtiendo en aparatos más distantes del parecer qe la ge.nte y que parecen servir sólo para encauzar los proyectos personales de poder que tienen muchos de sus dirigentesJl 70 Jorge Ahumada, En

vez de la miseria, Editorial del Pacífico, novena edición, Santiago, 1973, p. 13. 71 Un examen acerca de los procesos políticos de los países latinoamericanos y sus dificultades en los años noventa se puede hallar en el libro editado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Partidos Polfticos y Gestión Estratégica, Ediciones Dolmen, Santiago, 1997. 1"l0

En Chile ocurre el mismo fenómeno que prevalece en la mayoría de los países de América Latina respecto a la democracia y sus valores. En los años setenta, el escenario estaba dominado por los regímenes autoritarios y tener gobiernos emanados de la libre decisión de los ciudadanos junto a un catálogo de derechos políticos básicos era casi un sueño. Ésos fueron años de nostalgia democrática. Tiempo después, en los años ochenta, se vivió el agotamiento de las dictaduras de Seguridad Nacional e importantes movimientos sociales consiguieron el inicio de las transiciones políticas. En ese tiempo prevaleció la esperanza. Pero finalmente en la década actual hemos debido afrontar las democracias "de carne y hueso", con todas las limitaciones planteadas por un escenario internacional más estrecho y condiciones políticas y económicas internas más difíciles. Ahora la gente ha vuelto a considerar como algo nonnal y rutinario que se pueda elegir a los gobernantes o establecer nuevos partidos políticos, o plantear una opinión disidente sin ser perseguido; en cambio, considera inaceptable la mantención de las prácticas burocráticas, el incremento de la corrupción o el escaso resguardo de sus comunidades y sus bienes. Lo que ahora prevalece es el desencanto democrático que en Chile se expresa también con mucha fuerza. Resulta casi paradójico. La transición política chilena no ha encontrado sus principales obstáculos o amenazas en intentos de golpes de Estado realizados por militares o en las dificultades económicas de una situación de crisis. (Sólo los acontecimientos posteriores a la sorpresiva detención del general Pinochet, en Gran Bretaña, en octu140

bre de 1998, lograron retrotraer el clima político a la polarización de los años setenta. Pero esto se superó con el solo transcurso del tiempo en los meses siguientes, aunque quedó en claro que la reconciliación es algo que en Chile no se logrará fácilmente y que la transición no puede evadirse de los asuntos todavía pendientes de su agenda). La verdad es que las principales complicaciones de la transición en Chile -y se necesitó que transcurriera un tiempo prolongado para percibirlas- provienen de la imposibilidad de modificar y desbordar los esquemas institucionales y culturales no democráticos establecidos en las apropiadas previsiones del equipo político del gobierno militar. Todos los pueblos están dispuestos a encarar una etapa de transición y a pagar un precio por las restricciones que esto supone. Pero a lo que muchos ya no parecen dispuestos es a vivir indefinidamente con las estrechas limitantes de una transición, pues esto supone que se hacen estables esquemas que sólo resultan aceptables si son temporales. La dinámica de una buena transición supone siempre la coexistencia de dos poderes·: uno, autoritario, que debe ir reduciéndose hasta desaparecer, y otro, democrático, que debe ir controlando los mecanismos de la vida política y económica de la nación, hasta dirigirla completamente. Esto último es lo que no se ha logrado en Chile. Especialmente, después de los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre de 1997, prevalece la impresión de que las bases del régimen político actual, simbolizadas en el triángulo que opera como núcleo central de la 141

"política de amarre" no puede ser modificado a corto o mediano plazo, con lo que la tendencia a la disminución de la participación cívica se mantendrá y, si no se ofrece una seria alternativa al cuadro que hoy predomina, seguirá descendiendo también la legitimidad de la acción política y el espacio para la acción de quienes buscan impulsar políticas públicas alternativas a las que aplicó el régimen militar. En una audiencia con dirigentes chilenos del Consejo Nacional por el No realizada en Montevideo poco tiempo después del plebiscito de octubre de 1988, el presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, nos comentó las principales enseñanzas que él había aprendido en el manejo de la transición de su país. "Lo más difícil-nos dijo- es armonizar el miedo de los que se van con la impaciencia de los que llegan." En su momento nos pareció un juicio de una impresionante lucidez y lo comentamos largamente. Ahora, sin embargo, con la perspectiva de los hechos ocurridos, es posible concluir que esa regla general de las transiciones no se aplicó al caso chileno. Ahí ni los que se marchaban tenían demasiado miedo, pues habían montado un mecanismo de relojería constitucional que jugaba a su favor en todos los casos, ni los que llegaban tenían demasiada impaciencia, pues sabían exactamente en el desfiladero que se estaban adentrando y las dificultades que tendrían que afrontar. La transición chilena a la democracia ha acabado siendo así la más complicada de cuantas se realizaron en América Latina para dejar atrás los regímenes militares con ideología de Seguridad Nacional. Hf;l sido la más exitosa en cuanto a mantener un funcionamiento dinámi1d?

co de la economía. Ha sido igualmente la que ha tenido más logros en reducir los márgenes de pobreza preexistentes. Pero, del mismo modo -y ésta es su debilidad-, ha sido la que ha tenido menor éxito en lograr un cambio de régimen político, afrontar los problemas pendientes de derechos humanos e instalar una democracia plena, lo cual ha influido decididamente en las percepciones y estado de ánimo de una parte importante de la población. Quizá si una de las grandes contradicciones de la política chilena actual, precisamente al iniciarse el proceso que debe conducir a la tercera elección democrática que decidirá sobre un nuevo presidente de la República en diciembre de 1999, es que una parte de las personas que con mayor determinación permitieron un vuelco cualitativo en la situación del país en el plebiscito de 1988, ya no esperan un mejoramiento en su vida cotidiana que sea resultado de las decisiones que se adoptan en la esfera política. Y sin embargo sigue siendo cierto que para que la situación cambie, los escépticos deben entender que de los efectos de las decisiones políticas no podemos escaparnos. Si los ciudadanos comunes no deciden, decidirán otros, probablemente conforme a criterios que no coincidirán con sus intereses. La marginación y el abstencionismo son en el Estado moderno actos de dimisión de una responsabilidad ciudadana que no debemos delegar si nos interesa la suerte del país en que vivimos. Esto es lo que exige que dediquemos parte de nuestro tiempo y nuestra acción para que prevalezcan las visiones y los criterios que pueden abrir mejores caminos a una sociedad. De modo a veces trágico y otras banal, la historia siempre acaba por 143

enseñar que la convivencia es indivisible y que en términos de las grandes mayorías, o existe un buen país para todos o no existe para nadie. En el Chile de finales del siglo XX la acción política, lo público, las decisiones de autoridad, lo que se asocia al quehacer del gobierno o el Parlamento, es visto por una parte sustancial_ de los ciudadanos como algo lejano y apartado de las condiciones concretas de su vida y la de sus familias. En cambio, la competencia inmediata y abierta para afianzar una mejor posición, las decisiones que permitan acceder a un mayor consumo y al mejoramiento de las condiciones materiales de vida, así como las determinaciones de las autoridades más inmediatas, como los alcaldes, son consideradas las palancas más determinantes para el progreso personal y social. Cualquiera que sea la evaluación que se tenga de lo que ha ocurrido en esta última década del siglo XX, que abarcará los dos gobiernos democráticos elegidos al término del régimen de Pinochet, ya no es posible soslayar que en Chile prevalece la sensación subjetiva de que la transición se prolonga en forma interminable y que se ha hecho incierta la obtención final de los resultados políticos que con ella se han buscado. Para superar esta situación, un primer esfuerzo a realizar es buscar la inclusión de todos los chilenos en las propuestas del país futuro; trabajar también en la recuperación del debate político y la presentación de alternativas. Es preferible la crítica abierta que la marginación porque aquella ayuda a vitalizar los espacios _públicos. Por eso resulta positivo el surgimiento de un cuestionamiento 144

académico de izquierda al trabajo de los gobiernos de la Concertación, como ocurre con el difundido libro Chile actual. Anatomía ~e Ún mito de Tomás Moulian, la presentación de temas históricos revisionistas como los trabajos de Alfredo Jocelyn-Holt en El peso de la noche, o las heridas añoranzas de Marco Antonio de la Parra, al hacer el balance de nuestra historia política y cultural de las últimas cuatro décadas en su libro La mala memoria. n Estos y otros planteamientos se pueden confrontar con los análisis realizados por quienes estuvieron dentro de los gobiernos de los presidentes Aylwin y Freí Ruiz-Tagle, como ha ocurrido con los importantes libros recientes de Edgardo Boeninger, Eugenio Tironi y Genaro Arriagada, que examinan los años de Pinochet y la gobernabilidad democrática de Chile. 73 En esta misma línea se puede ubicar el valioso examen realizado por Ascencio Cavallo, en su Historia oculta de la transición. Todos estos materiales pueden favorecer una discusión que recupere la olvidada tradición del debate público chileno. Pero ella no puede ser un sustituto de la responsabilidad que tienen los partidos políticos y los dirigentes que ejercen un mayor liderazgo en la opinión pública de proponer criterios más sistemáticos para el quehacer de nuestra sociedad en los complejos años que vienen. 72 Véase Tomás Moulian, Chile actual. Anatomfa de un mito, Ediciones LOM

Santiago, 1997; Alfredo Jocelyn Holt, EJ peso de la noche, Editorial Planeta, Santiago: 1997; Marco Antonio de la Parra, La mala memoria, Editorial Planeta, Santiago, 1997. 73 Véase Edgardo Boeninger Democracia en Chile, Editorial Andrés Bello 1 Santiago, 1997; Genaro Arriagada, Por la razón o la fuerza, Editorial Sudame~ ricana, Santiago, 1998; Eugenio T1roni, La transición democrática, Ediciones Dolmen, Santiago, 1997.

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