NOTICIAS 12 DE MARZO DE 2011

ABC Aguayo no informó a Griñán en tres años de que Intervención cuestionaba los ERE Asume la responsabilidad y exculpa al entonces consejero y hoy presidente, al que nunca habló de los informes porque «no tenía que conocerlos» m. contreras / sevilla Día 12/03/2011 - 07.09h 19 comentarios

M. MIRÓ El presidente andaluz y ex consejero de Economía, José Antonio Griñán, en la presentación de la Red de Mujeres Rurales y Urbanas ayer en Jaén La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, se esforzó ayer en exculpar a Griñán de toda responsabilidad en el escándalo de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), aún a costa de su propia inmolación política. Aguayo asumió públicamente toda la responsabilidad sobre la decisión del Gobierno andaluz de ignorar los informes de la Intervención de la Junta que advertían del riesgo del procedimiento utilizado para gestionar los ERE. Admitió que recibió dichos informes —reiterados por la Intervención durante tres años

consecutivos— en su calidad de viceconsejera de Economía, pero aseguró que «nunca» comunicó, ni oficial ni privadamente, su contenido al entonces consejero, José Antonio Griñán, a pesar de la gravedad de las denuncias del Interventor y de la elevada suma de dinero a la que hacía referencia. ¿Por qué? Según Aguayo, «no había nada que comunicar», ya que no había indicios de apropiación de fondos públicos. «Se está diciendo que el presidente supo, tapó y permitió, y ni supo, ni tapó ni está permitiendo, y el que diga esto está mintiendo», agregó. Según expuso Aguayo, no dio traslado al hoy presidente de la Junta porque sólo tenía obligación de hacerlo si la Intervención emitía un informe de actuación, medida que activa cuando advierte riesgo de menoscabo de fondos públicos. Así pues, según la consejera, el hecho de que Intervención no emitiera el informe de actuación implicaba que la situación no era alarmante, por lo que no había necesidad de advertir a Griñán. Aguayo restó importancia a las objeciones planteadas por la Intervención, planteando las discrepancias como un debate sobre dos formas igualmente legales de administrar los ERE, e incluso insinuó que los informes de este órgano de control no se atendían, señalando que se reciben «más de cien» al año y en la Viceconsejería «no se leía con detalle ni se le prestaba atención a esos informes si la Intervención no llamaba la atención sobre algo mediante ese informe de actuación». Lo llamativo es que, según fuentes de la propia Consejería, Intervención nunca ha llegado a emitir un informe de actuación sobre cuestión administrativa alguna. La exposición de Aguayo planteó, sin embargo, algunas lagunas. En primer lugar, la Ley General de la Hacienda Pública, decreto 9/1999 de 19 de enero, establece en su artículo 12.3 que la Intervención emite los informes definitivos —con las alegaciones pertinentes— «a las empresas en este caso el IFA o IDEA, así como al titular de la Consejería de que dependan Empleo y al titular de la Consejería de Economía y Hacienda». El titular era Griñán, pero según Aguayo, en este caso el viceconsejero puede asumir la titularidad de la Consejería y ser el receptor del informe, lo que justificaría que no llegase a éste. Por otro lado, en su exposición ante los periodistas la consejera omitió que el informe de actuación —el documento que le hubiera obligado a informar a Griñán de que algo fallaba en la tramitación de los ERE— no sólo se emite cuando los interventores observan posibilidad de menoscabo de fondos públicos. Según el artículo 12.5 de la citada Ley, la Intervención emitirá el citado informe de actuación en caso de que «los responsables de la gestión controlada no adopten las medidas necesarias para solventar las deficiencias observadas». En el caso de la gestión de los ERE, es evidente que la Consejería no adaptó su gestión a las indicaciones realizadas por los interventores, ya que de hecho las reiteraron durante tres años consecutivos. ¿Por qué no se emitió el pertiente informe de actuación? La ley también recoge que si se mantiene la disconformidad y no se da cumplimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de actuación, el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, someterá las actuaciones a la consideración del Consejo de Gobierno. El PP se aferró ayer a este aspecto para considerar «demostrado» que José Antonio Griñán tuvo que conocer el contenido de los informes de Intervención. La portavoz popular, Rosario Soto, denunció que el Gobierno andaluz «persiste en el engaño sobre la implicación de Griñán en este asunto, puesto que el decreto deja claro que como

consejero de Economía y Hacienda conoció en todo caso los informes de la Intervención e, incluso, debió elevarlos al Consejo de Gobierno». Soto afirmó que Martínez Aguayo «miente cuando dice que no había obligación de remitir los informes al consejero de Economía salvo si se detectaran problemas y, por tanto, hubiera un informe de actuación». Desde Jaén, el presidente de la Junta de Andalucía, terció en la polémica y negó ayer que la Intervención general presentara informe de actuación alguno, informa Javier López. Griñán admitió que la Intervención «hizo observaciones al gestor sobre el procedimiento, pero en ningún momento elevó a la Consejería un informe de actuación», un informe que «hubiera supuesto, eso sí, la decisión de cambiar o no el procedimiento».

Cambio de sistema La cuestión es que, seis años después de que desoir las peticiones de Intervención, el Gobierno andaluz accede ahora, tras el escándalo de los ERE, a cambiar este procedimiento. Sin embargo, Carmen Martínez Aguayo negó ayer que ello implicase el reconocimiento de que se equivocó al no atender en su día las indicaciones de los interventores. Para Aguayo, «los procesos de auditoría se han llevado correctamente, el procedimiento se ha auditado desde el principio hasta el final, no ha habido fraude ni fondo de reptiles, y cada euro se ha seguido desde el presupuesto hasta su pago a la entidad aseguradora». Lo que ocurre es que «hasta en el procedimiento más perfecto, si alguien quiere delinquir puede encontrar un hueco».

Lo que denunció la Intervención general Reiteración. El primer informe se emitió en 2005 y corresponde a la cuenta de resultados de 2003. Las críticas se repetirían en informes de 2006 y 2007 Sin control. La dirección general de Empleo tramitó «subvenciones excepcionales prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido» Transferencia. La vía elegida por la Junta, transferencia de financiación de explotación, «no se considera adecuado para financiar la concesión de ayudas excepcionales» Desfase. En 2005 se advierte un desfase presupuestario de 38 millones de euros. «Se han generado obligaciones para la Junta sin cobertura presupuestaria» Procedimiento. Apuntaba que «el desfase financiero y la superación de los créditos podría haberse evitado con la figura de la subvención excepcional»

EL PAIS. Martínez Aguayo: "Nunca le comenté a Griñán los informes de la Intervención"

Los informes de Intervención no alertaron de menoscabo de fondos públicos.- Arenas insiste en que Griñán tenía que conocer los documentos. LOURDES LUCIO / EFE - Sevilla - 11/03/2011

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha salido hoy en defensa del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, al que la oposición ha pedido que dimita por conocer los informes de la Intervención General en los que se consideraba no adecuado el procedimiento administrativo aplicado para conceder las ayuda a los expedientes de regulación de empleo (ERE). Griñán era el consejero de Economía y Hacienda cuando se emitieron esas recomendaciones y Aguayo era la viceconsejera de la dependía la Intervención. Las advertencias se hicieron en 2005, 2006 y 2007. 

Los intrusos en los ERE se elevan a 146

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Arenas acusa al presidente de "autorizar" y "tapar" los ERE

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El Gobierno anuncia querellas contra los que "calumnien" a Griñán

"Yo recibí los informes y nunca se lo comenté", ha asegurado Aguayo en un encuentro con periodistas, en los que ha mostrado los informes de la Intervención, que obran ya en poder del juzgado que investiga el caso. Los informadores han podido consultar los documentos. Según ha explicado la consejera, en ninguno de los informes de la Intervención se alertó de que había menoscabo de fondos públicos, ni elevó lo que se llama "un informe de actuación" que hubiera dado pie a que saltaran todas las alarmas. Martínez Aguayo ha dicho que la Intervención emite al año unos cien informes, tras lo cual ha comentado: "¿Alguien piensa que yo me leo todo eso?", señalando un carrito repleto de archivadores con cientos de papeles. El presidente del PP, Javier Arenas, ha asegurado hoy que Griñán, tenía queconocer el informe de la Intervención General."La Ley obliga a que el informe de Intervención del año 2005 se le entregara personalmente al señor Griñán. "En ese momento, si atendía al informe, tuvo que poner en marcha un procedimiento administrativo, algo que ha quedado como público y notorio que no hizo", ha dicho en declaraciones recogidas por Efe. La normativa marca que, si no lo hacía, tenía la obligación de "llevar el asunto al Consejo de Gobierno para su debate", por lo que resulta "palmario" que el actual presidente de la Junta y entonces consejero de Economía y Hacienda "tenía la obligación legal de conocerlo", de la misma forma que lo "conoció" el entonces presidnte, Manuel Chaves, ha añadido Arenas.

LA RAZON. El exdirector de la agencia que pagaba los ERE auditó sus propias cuentas La consultora Price Waterhouse Coopers (PwC) auditó al menos en 2008 y 2009 a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). Así aparece en la información de la cuenta general de esta empresa dependiente de la Consejería de Innovación, encargada de tramitar el dinero para prejubilaciones y empresas en crisis que ha dado lugar a una trama con 146 «intrusos» que investiga en este momento el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

El Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía nombró director a Jacinto Cañete en mayo de 2008

12 Marzo 11 - Sevilla - A. Muriel Se da la circunstancia de que el director general de IDEA entre 2008 y 2009, Jacinto Cañete Rolloso, pasó posteriormente a ser el máximo responsable de la empresa auditora en Andalucía, tal y como avanzó ayer Onda Cero. Pero hay más. Según ha podido verificar este periódico, la auditoría de Price Waterhouse de 2009 aún no había finalizado cuando Cañete estaba al frente de Price. Es decir, que auditó sus propias cuentas de IDEA. Las fechas lo cantan. Price Waterhouse informó en una nota de prensa el 22 de diciembre de 2009 de la incorporación de Jacinto Cañete como nuevo responsable de la firma en la comunidad autónoma. «Sustituirá a Francisco Rodríguez Guanter, que el próximo 30 de junio se jubila». «La incorporación en PwC será efectiva el próximo 11 de enero de 2010».

Hay que tener en cuenta que el trabajo de fiscalización de las auditorías normalmente se extiende varios meses después del cierre del ejercicio analizado. De hecho, hay un dato que es revelador. El 21 de julio de 2010 una comunicación del informe de auditoría de 2009, firmada por Luis Fernández Prieto, como socio de PwH, y dirigida al Consejo Rector de la Agencia IDEA, deja claro que «nuestro trabajo se encuentra practicamente finalizado», quedando todavía pendientes algunos «procedimientos de auditoría». Entre ellos, «la finalización de revisión del registro de dotaciones presupuestarias y de adaptación de los estados financieros al Plan General de Contabilidad aprobado por la Resolución, de 2 de octubre de 2009, de la Intervención General de la Junta». Es decir, que la auditoría aún estaba en marcha en una fecha en la que hasta el anterior responsable de Price Waterhouse en Andalucía se había jubilado.

Dinero para prejubilaciones Cabe recordar que entre 2001 y 2010 se canalizan a través del IFA y después del IDEA en torno a 700 millones de euros para prejubilaciones y empresas en crisis siguiendo la fórmula de transferencia de financiación de explotación. Esta figura «opaca», que no permitió ni la publicación en el BOJA ni el paso por el Consejo de Gobierno, vulneró la Ley de Hacienda, según señala la Brigada Provincial de la Policía Judicial en un informe. Además, la Intervención General de la Junta de Andalucía mostró su disconformidad con este procedimiento en 2005, 2006 y 2007 por prescindir «de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido».

Un simple resumen de dos páginas hasta el 2008 - En julio de 2001 el IFA, que luego pasó a ser IDEA, y la Consejería de Empleo, firmaron un convenio para tramitar las ayudas de los ERE a través de esta empresa instrumental, adoptando la fórmula de una transferencia de financiación de explotación. - La Intervención General de la Junta detecta una anomalía en el proceso adoptado y se inclina por otras figuras como la subvención excepcional. - El IFA está vigente hasta el año 2003. Luego pasa a denominarse IDEA. - Entre 2001 y 2007 la información de la cuenta general que aporta la Consejería de Hacienda es un breve resumen de dos páginas, con un balance de actuación y cuenta de pérdidas y ganancias. - Hasta el 2008 no se incluye un amplio informe, al que se adjunta la auditoría de Price Waterhouse. El informe de 2008 debió finalizar a mediados del año siguiente. Es decir, cuando el «caso Mercasevilla» había estallado y Griñán era ya presidente. Esgrime que la Viceconsejería de Hacienda «no se leía con detalle los informes»

Aguayo se expone por los avisos de la Intervención para blindar a Griñán La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, negó ayer tajantemente que el presidente de la Junta conociera los informes de la Intervención General que en 2005, 2006 y 2007 discreparon respecto al procedimiento que se estaba llevando a cabo para conceder los fondos para prejubilaciones.

Aguayo posó ayer con una carretilla de informes

12 Marzo 11 - Sevilla - A. M. / J. D. M. Fue sin embargo Aguayo la que se puso en el punto de mira de toda la responsabilidad al reconocer que estos informes sí iban «directamente» a la Viceconsejería, de la que ella fue titular entre abril de 2004 y abril de 2009. Su argumento es que como no se detectó menoscabo de fondos públicos y, por tanto, no derivó en un informe especial de actuación, la Viceconsejería «no se leía con detalle ni se le prestaba atención a esos informes», informa Efe. Hay, no obstante, conexiones que tumban el argumentario oficial de la Junta, levantado como una pantalla para proteger a Griñán. Primero, es difícil creer que Aguayo, mano derecha del presidente andaluz en la Consejería de Hacienda, no le comentara nada a su superior sobre un asunto tan grave. Segundo, que tanto Aguayo como el viceconsejero de Empleo eran vocales del Consejo Rector de IDEA, es decir del órgano de máxima dirección de la agencia que tramitaba

las prejubilaciones. Y fue precisamente el viceconsejero de Empleo el que debió elaborar las alegaciones al informe de Intervención. ¿No habló de eso Martínez Aguayo con su homólogo?

Por su parte, el PP viene reclamando los informes de la Intervención General de Hacienda de los años 2005, 2006 y 2007. Ahí es donde ve el líder de los populares andaluces, Javier Arenas, cree que está la «clave» de la futura renuncia del presidente de la Junta, entonces consejero de Economía y Hacienda. De hecho, defendió ayer que la Intervención estaba obligada «por ley» a entregarle «personalmente» sus informes. El PP implica a Griñán El PP busca amparo legal a su razonamiento en el decreto 9/1999 sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta. Según el texto normativo, los informes definitivos de la Intervención «serán trasladados a las empresas, así como al titular de la Consejería de que dependan y al titular de la Consejería de Economía y Hacienda». Si una de estas entidades muestra su disconformidad con alguna conclusión, «el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General, someterá las actuaciones a la consideración del Consejo de Gobierno para que resuelva lo procedente». Hay, sin embargo, una instrucción posterior de la Intervención General, la 1/2005 de 18 de mayo, que fue la que avanzó LA RAZÓN el pasado martes. A juicio de Arenas, resulta «palmario» que las irregularidades eran conocidas «por obligación legal» por Griñán y Chaves, por lo que «ambos son responsables de que tengamos cientos de millones de euros sin procedimiento administrativo a la hora de aplicarse». El dirigente popular mostró su disposición a pedir los informes «por vía judicial».

«Chaves contamina a sus compañeros cada día» La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que cada día que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, sigue en el Ejecutivo «contamina a sus compañeros de cómo se hacían las cosas irregularmente en la Junta de Andalucía».

Soraya Sáenz de Santamaría, ayer en Málaga 12 Marzo 11 - Málaga - La Razón Tras visitar la sede de campaña del candidato popular a la Alcaldía de Málaga, Francisco de la Torre, recordó que el próximo miércoles la vicepresidenta Salgado y Chaves «tendrán que responder» a tres preguntas del Grupo Popular durante la sesión de control al Ejecutivo sobre la trama de los ERE fraudulentos. En este punto, ha indicó que Chaves «deberá responder si, como ministro de Política Territorial y Administración Pública, considera que deben respetarse los procedimientos administrativos» porque, como subrayó, «es intolerable que no dé respuesta a un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, donde se le dice que en la tramitación de los ERE se ha prescindido total y absolutamente de los procedimientos previstos». «Que el órgano encargado de la supervisión de las cuentas diga que el Gobierno andaluz hacía lo que le daba la gana pone de manifiesto cómo se actuaba en la Junta que presidía Chaves y vicepresidía Griñán», dijo.

POR ANDALUCIA LIBRE. Canal Sur informa de los ERE en los minutos finales antes de los deportes mientras ocupa primeras páginas en toda España Actualidad General

VIERNES, 11 DE MARZO DE 2011 10:13 ESCRITO POR POR ANDALUCÍA LIBRE 0 COMENTARIOS

Mientras el escándalo de los ERE sacude un día sí y el otro también a los medios de comunicación nacionales, regionales y locales ocupando espacios de portada, Canal Sur ofrece a los ciudadanos un tratamiento de este escándalo que es asimismo escandaloso. El portavoz del grupo popular en la Comisión de Seguimiento y Control de la RTVA del Parlamento de

Andalucía, José Luis Rodríguez, ha anunciado que su formación pedirá al director general del ente público, Pablo Carrasco, que explique en la Cámara autonómica los criterios que rigen la información que se está ofreciendo en los informativos regionales de Canal Sur Televisión sobre las irregularidades detectadas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) tramitados por el Gobierno andaluz. Incluso el diario progubernamental El País está teniendo un comportamiento digno en este caso, en el que ha informado con precisión y oportunidad sobre algunos de los hechos más relevantes del caso. Por ejemplo, expuso las conclusiones de la Intervención de la Junta de Andalucía que consideraban irregulares los procedimientos usados con el llamado "fondo de reptiles" Sin embargo, Canal Sur ha escondido cuando no ninguneado la información.En un comunicado, Rodríguez ha asegurado que la RTVA "ha vuelto a su etapa más negra de manipulación informativa", ya que, a su juicio, "ha desplegado toda una suerte de estrategias para esconder, minimizar y trastocar una información que está ocupando las portadas de todos los diarios e informativos nacionales, pero que Canal Sur considera de poco importancia y por eso la ofrece en los últimos minutos del informativo, antes de los deportes". Asimismo, el diputado 'popular' ha afirmado que las denuncias de la oposición se ofrecen "soslayadamente", mientras que la "versión" del gobierno ocupa "buena parte del minutaje, aderezada con opiniones de varios miembros del Ejecutivo y del PSOE que refrendan la opinión del responsable político de turno para, de paso, atacar al Partido Popular". Tras señalar que con esta forma de actuar se incumple "el supuesto pluralismo" que pregona la Ley de Fundación de la RTVA, el parlamentario del PP-A se ha preguntado "de qué sirve" la Carta de Servicio Público aprobada en el Parlamento. Finalmente, Rodríguez ha mostrado su "sorpresa" porque la televisión pública nacional esté tratando el asunto con "bastante más imparcialidad" que la RTVA, lamentado que "una vez más se utilicen los medios de comunicación públicos andaluces para aleccionar a los ciudadanos con los argumentos del gobierno".