UNIDAD 12. HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA (1975-2004).

1.- LOS INICIOS DEL REINADO DE JUAN CARLOS I Y LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA ESPAÑOLA (1975-1982) 1.1.- LOS INICIOS DE LA TRANSICIÓN (1975-1978) A) EVOLUCIÓN POLÍTICA. La primera etapa de la transición del franquismo a la democracia (1975-1978) abarcó desde la muerte de Franco hasta la promulgación de la Constitución y la segunda (1978-1982) se prolongó hasta la consolidación de la alternancia política, con el acceso al gobierno del Partido Socialista Obrero Español. El panorama político español presentaba tres alternativas: continuistas del Bunker, los reformistas que apostaban por una democratización del régimen desde las propias instituciones, y los rupturistas agrupados en la Junta Democrática. El 22 de noviembre de 1975, Don Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey, apostando por Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, que incorporó a reformistas como Fraga Iribarne y José María de Areilza. Pese a estos cambios, Arias apostaba por el continuismo, reflejado en las leyes que restringían el derecho de reunión y asociación. Para presionar a favor de una alternativa democrática, la oposición antifranquista definió un programa común en la llamada Coordinación Democrática: procedimiento constituyente, gobierno provisional y elecciones generales. Promovieron movilizaciones populares que reclamaban libertades democráticas y amnistía política, al tiempo que aumentaron los conflictos laborales en los sectores del metal y construcción en Cataluña, País Vasco (huelga general Vitoria) y Madrid. El Rey y sus colaboradores más cercanos (Torcuato Fernández Miranda desde el Consejo del Reino) forzaron la dimisión de Arias Navarro en junio de 1976, e impusieron a Adolfo Suárez (Ministro Secretario General del Movimiento) en la terna como presidente del gobierno. Para pilotar la transición a la democracia se debía anular la resistencia de los inmovilistas y atraer a la oposición democrática, para lo que Suárez inició contactos con las fuerzas democráticas y promulgó un indulto para los presos políticos, así como la proposición de la Ley de Reforma Política que reconocía los derechos fundamentales a las personas, confería la potestad legislativa a la representación popular y preveía un sistema electoral democrático. El principal problema de la Ley de Reforma era su aprobación por las Cortes, pues proponía su desmantelamiento y el establecimiento de una nueva Asamblea bicameral (Congreso y Senado) elegida por sufragio universal. La ley fue aprobada y sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 con el 94% de los votantes. Se aprobaron una serie de decretos para la libertad sindical, la legalización de los partidos políticos y una amplia amnistía para delitos políticos durante el franquismo. La legalización del PCE, a la que se oponían los inmovilistas y amplios sectores del ejército llegó en abril de 1977 (domingo de Resurrección), tras los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha en enero, donde el PCE demostró su fuerte presencia social. En la primavera de 1977, los partidos de izquierda se prepararon para la celebración de elecciones generales para el 15 de junio de 1977, donde UCD se alzó con vencedora y 166 escaños, seguida del PSOE con 118 diputados. Adolfo Suárez constituyó el primer gobierno democrático después de la Guerra Civil.

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B.- EVOLUCIÓN ECONÓMICA La transición coincidió con el inicio de una crisis económica internacional determinada por la subida del precio del petróleo, que ocasionó en España una grave recesión desde 1975, coincidiendo con la crisis e incertidumbre política. Los efectos inmediatos como la inflación, el descenso de las exportaciones y una balanza comercial deficitaria duplicada, se pudieron paliar en parte gracias a la devaluación de la peseta, pues mantuvo los niveles de exportación, además de los ingresos derivados del turismo y la inversión de capital extranjero. La crisis energética del petróleo derivó en una profunda crisis industrial que elevó el paro (10% en 1979) y redujo la renta anual por habitante. Para hacer frente a los problemas económicos, gobierno y oposición firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977) con el objetivo de reformar y sanear la economía. Los objetivos fueron la reducción de la inflación y la aprobación de un conjunto de reformas para repartir los costes de la crisis, para ello se devaluó fuertemente la peseta, se controló el gasto público, se racionalizó el consumo de energía y se pactó una moderación salarial. Además se apoyó una reforma fiscal y un nuevo marco laboral para agilizar la contratación temporal. Se procedió a una reforma tributaria, fruto de la cual en 1977 entró en vigor el Impuesto sobre Patrimonio y en 1978 el IRPF. Se acometió una reforma de la Seguridad Social y un incremento de su financiación pública, que permitió la extensión del seguro de desempleo y un incremento de las pensiones de jubilación. 1.2.- LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA (1978-1982) La primera tarea de las Cortes, elegidas el 15 de junio de 1977, fue la elaboración de una Constitución democrática. Tras su aprobación por referéndum el 6 de diciembre de 1978, se convocaron elecciones legislativas para marzo de 1979, donde el triunfo recayó en la UCD que presidía Adolfo Suárez con 168 diputados, seguido del PSOE con 121 diputados y el PCE con 23. El nuevo ejecutivo continuó la actividad reformista, aunque se mostró inestable y Adolfo Suárez empezó a ser contestado como líder del partido. A los problemas internos, se añadió su relativo fracaso en las primeras elecciones municipales democráticas (abril 1979). En mayo de 1980, el ejecutivo fue sometido a una moción de censura presentada por el PSOE, que ganaría el gobierno por escaso margen. La consecuencia fue la paralización de las reformas. Ante estos problemas, Adolfo Suárez presentó su dimisión como presidente del gobierno y del partido el 29 de enero de 1981. La principal amenaza al sistema democrático provenía del estamento militar que veían como una hostilidad la legalización del PCE, el proceso autonómico, el terrorismo y la reforma del ejército. El 23 de febrero de 1981, durante la votación de investidura de Calvo Sotelo como presidente del gobierno, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso y retuvo a los diputados. Al tiempo, Milans del Bosch se sublevaba en Valencia. El golpe fue abortado gracias a la comparecencia del rey en televisión apoyando el régimen constitucional. Dos días después del golpe, Leopoldo Calvo Sotelo fue investido nuevo jefe de gobierno. El gobierno firmó el acuerdo Nacional de Empleo con patronal y sindicatos; la Ley de Divorcio (abril 1981), la petición de ingreso de España en la OTAN (efectiva en mayo de 1982), la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico). Tras la desintegración de la UCD, Suárez creó su propio partido, el CDS en julio de 1982. Las elecciones generales de octubre de 1982 dieron la victoria al PSOE, marcando el final de la transición. 2

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2. LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y EL SISTEMA DEMOCRÁTICO ESPAÑOL: PRINCIPIOS, INSTITUCIONES Y EL ESTADO AUTONÓMICO. LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA. 2.1.- LA REDACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. La primera tarea de las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977, fue la elaboración de una Constitución democrática; para ello se eligió una Ponencia formada por diputados de todos los partidos, menos la minoría vasca que renunció: Miguel Herrero, José P. Pérez-Llorca y Gabriel Cisneros, por UCD; Gregorio Peces-Barba, por el PSOE, partido al que correspondían dos miembros pero que cedió uno a la minoría vasco-catalana; Manuel Fraga, por AP; Jordi Solé Tura, por el PCE-PSUC y Miquel Roca por las minorías vasca y catalana. La redacción de la Constitución inició la llamada política de consenso entre las fuerzas políticas para llegar al acuerdo mediante la negociación, así la Constitución adoptó un carácter progresista con una cierta ambigüedad, producto de dicho consenso. Tras su aprobación por el pleno del Parlamento (31 de octubre de 1978), el texto fue publicado el 6 de noviembre de 1978, y sometido a referéndum el 6 de diciembre: con una participación del 67,11% fue aprobada con un 87,87 de votos afirmativos. El 27 de diciembre de 1978, el Rey la sanciona ante las Cortes. El 29 de diciembre de 1978 (BOE), entra en vigor. En la actualidad la Constitución ha sido reformada en dos ocasiones, siendo este procedimiento difícil y exigente. En 1992 se reformó el artículo 13 para adecuarlo al marco de la UE. Posteriormente en 2011 sería objeto de la reforma el artículo 135, estableciendo en el texto el concepto de "estabilidad presupuestaria", constatándose un techo máximo de déficit estructural para las comunidades autónomas y el Estado. 2.2.- VALORES Y PRINCIPIOS. Dividida en 169 artículos agrupados en 10 títulos, se acompaña de un preámbulo redactado por Enrique Tierno Galván, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y una disposición final. La Constitución define España como un “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. La libertad se convertía en el valor de valores. Proclamaba que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, cuya forma política “es la monarquía parlamentaria”. Se fundamentaba en la “indisoluble unidad de la Nación española” al mismo tiempo que reconocía y protegía “el derecho a la autonomía de la nacionalidades y regiones que la integran”, reconociendo como lengua oficial del Estado el castellano, además de las lenguas propias en las respectivas Comunidades Autónomas. El texto fija el carácter no confesional del Estado, abole la pena de muerte y desarrolla una amplia declaración de derechos fundamentales y libertades civiles y políticas (huelga y sindicación), la libertad de enseñanza. Fija la mayoría de edad en los 18 años. Las libertades y los derechos quedan protegidos por el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el poder judicial. Entre los principios rectores de la política social y económica, el texto reconoce la libertad de mercado, prevé la posibilidad de planificación económica con la intervención del Estado en la propiedad por motivos de interés público. Establece el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones y

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2.3.- INSTITUCIONES. El Rey ocupa la Jefatura del Estado, su cargo es vitalicio y la Corona hereditaria. Sus atribuciones consisten en: representación simbólica de la nación, sanción de las leyes aprobadas por las Cortes y el mando supremo nominal de las Fuerzas Armadas (el rey reina pero no gobierna). La Constitución española de 1978 reconoce la separación e independencia de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. En la base, la soberanía nacional permite la elección, por sufragio universal (varones y mujeres, mayores de 18 años) de los representantes del pueblo soberano en las Cortes Generales, configuradas a modo de un bicameralismo atenuado, integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del presidente del Gobierno, y su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. No obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control político sobre el Gobierno mediante las preguntas e interpelaciones parlamentarias. El Gobierno, cuyo presidente es investido por el Congreso de los Diputados, dirige el poder ejecutivo, incluyendo la administración pública. Los miembros del Gobierno son designados por el presidente, y junto a él, componen el Consejo de Ministros, órgano colegiado que ocupa la cúspide del poder ejecutivo. El Gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados, que, dado el caso, puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura, que necesariamente debe incluir un candidato alternativo que será inmediatamente investido presidente del Gobierno. El poder judicial recae en los jueces y tribunales de justicia, que son inamovibles y no son objeto de elección popular, siendo el Consejo General del Poder Judicial su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla que las leyes y las actuaciones de la administración pública se ajusten a la norma suprema. 2.4.- EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS. La defensa de una España unida y centralizada fue una de las ideas esenciales del franquismo, que persiguió determinadas manifestaciones de las señas de identidad regionales. En su etapa final numerosas manifestaciones reclamaron el reconocimiento de los nacionalismos históricos. Estas reclamaciones aumentaron tras la muerte del dictador. Recogiendo este sentir y mientras se elaboraba la constitución, gobierno y oposición iniciaron el proceso preautonómico y la descentralización del Estado para aquellas regiones que lo solicitasen. Tras el éxito de la Diada en Cataluña el 11 de septiembre de 1977, Adolfo Suárez pactó con el líder nacionalista Josep Tarradellas su vuelta del exilio y el restablecimiento provisional de la Generalitat por decreto ley. Tarradellas se convertía en el primer presidente de la nueva Generalitat, al tiempo que se trabajaba en un proyecto de estatuto de autonomía y se negociaban los primeros traspasos de competencias. En el País Vasco hubo cierto retraso a causa del terrorismo de ETA y porque el nacionalismo vasco fue mucho más radical y exigía incorporar Navarra a la soberanía vasca. Los obstáculos no impidieron que se aprobara en enero de 1978 el Consejo General Vasco presidido por Ramón Rubial y se elaborara el proyecto de estatuto. Con la constitución, ambos estatutos fueron aprobados por las Cortes y refrendados el 25 de octubre de 1979 en sus respectivos territorios. En Cataluña votó el 59´7% del censo y lo hizo afirmativamente el 88%. En el País Vasco, Herri Batasuna (HB), brazo político de ETA, pidió la abstención. 4

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Aún así, votó el 50% de los vascos, y de ellos el 905 lo hizo a favor. En marzo de 1980 Cataluña y País Vasco celebraron sus primeras elecciones autonómicas. A lo largo de 1978 se crearon por decreto ley los entres preautonómicos de Asturias, Galicia, Castilla y León, Castilla – La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, Islas Canarias e Islas Baleares. La generalización del proceso dio lugar a improvisaciones que respondían más a intereses políticos que a planteamientos históricos o nacionalistas. El Título VIII regula la descentralización de ciertos poderes del Estado y posibilita la creación de Comunidades Autónomas. En una primera fase se concedió a Cataluña la preautonomía en 1977, al tiempo que regresaba Josep Tarradellas, presidente de la Generalitat en el exilio, restableciendo dicha institución desde septiembre del mismo año. Posteriormente en el País Vasco se formó un Consejo General Vasco (enero 1978) y en Galicia se creó la Xunta de Galicia provisional (marzo 1978). La Constitución establecía la posibilidad de que las regiones o agrupaciones provinciales se convirtieran en Comunidades Autónomas, regidas por un Estatuto de Autonomía con órganos legislativos, elegidos por sufragio universal (parlamentos autónomos) y órganos ejecutivos (gobiernos autónomos). Se establecía dos procedimientos, a través del artículo 151, al que podían acceder directamente las nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y País Vasco) y otro más lento, previsto en el artículo 143. La mayoría de las Comunidades Autónomas se regirían por el artículo 143, a excepción de las nacionalidades históricas, de Navarra, que se regiría por un mecanismo especial partiendo de su peculiar sistema foral, y de Andalucía, que había creado una Junta de Andalucía (abril de 1978) y decidió por referéndum la construcción de la autonomía por la vía más rápida del artículo 151 (febrero de 1980) La plasmación jurídica del régimen autonómico tuvo lugar mediante la aprobación de los Estatutos de Autonomía, que contenían las competencias (urbanismo, turismo, carreteras, transportes, pesca, enseñanza, policía y protección del medio ambiente) y las instituciones. También disponen de recursos económicos propios para gestionarlos libremente, ya que se financian mediante los impuestos cedidos por el Estado Central, salvo en el caso del País Vasco y Navarra que el proceso es inverso. Los primeros fueron los de Cataluña y el País Vasco en 1979. El Estatuto actual de Castilla – La Mancha se aprobó el 10 de agosto de 1982, celebrándose las primeras elecciones autonómicas el 8 de mayo de 1983, siendo su primer presidente José Bono. Así España quedó constituida por 17 comunidades autónomas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS 1982-2004 3.1.- LOS GOBIERNOS DEL PSOE (1982-1996). A) LA PRIMERA LEGISLATURA SOCIALISTA (1982-1986). Las elecciones del 28 de octubre de 1982 dieron el triunfo al P.S.O.E., con el mensaje electoral del “cambio” y a su líder Felipe González Márquez, con más de diez millones de votos favorables y la mayoría absoluta en las Cortes Generales (202 de 350 diputados). Esta mayoría absoluta, repetida en las elecciones de 1986 y de 1989, permitió al P.S.O.E. gobernar en solitario a lo largo de una década (1982-1992). La segunda fuerza más votada, el Partido Popular (denominación que adoptó Alianza Popular tras su Congreso de 1989), lideró la oposición desde la derecha si bien prestó su apoyo en campos como la seguridad, el desarrollo autonómico o las relaciones internacionales. Izquierda Unida (IU), coalición dirigida por el P.C.E., representa la oposición por la izquierda. 5

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El primer problema era la grave situación económica que necesitaba medidas urgentes. En 1979 se inició una nueva crisis del petróleo. Para solucionar la crisis se tomaron medidas como la devaluación de la peseta, subida de los tipos de interés, aumento de los impuestos. La medida más espectacular fue el proceso de reconversión industrial que llevó al cierre de muchas empresas siderometalúrgicas que no eran rentables. También se expropió al holding de Rumasa, una empresa gigantesca que amenazaba quiebra y que hubiera dejado en el paro a miles de personas. El objetivo era sanear la economía, pero las recetas eran muy duras, tras dos años de ajustes se inició nuevamente el crecimiento económico que sería espectacular en la segunda mitad de los ochenta. Podemos calificar estos años como los años de las reformas. Se reformaron las Fuerzas Armadas para evitar nuevos golpes de Estado (el último fue abortado en 1985), también se reformaron los cuerpos de seguridad del Estado para que fueran eficaces en la lucha contra ETA que se mantenía implacable con atentados diarios. En cuanto a las reformas de contenido social se aprobó la LODE (1985), la nueva ley educativa que creaba los consejos escolares en los centros, se reformó también el funcionamiento de las universidades para aumentar la autonomía de estos centros. También se reformó la justicia. Pero la reforma más polémica de esta etapa fue la ley de despenalización del aborto que fue duramente contestada por la derecha y por la Iglesia católica. En cuanto a la política exterior el éxito más notable de esta etapa fue la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, que era como se llamaba entonces la Unión Europea, el día 1 de enero de 1986. Sin embargo, el PSOE dio un gran viraje político en el asunto de la permanencia o no en la OTAN, uno de los ejes de su campaña electoral, Felipe González pasó del NO a la OTAN a apoyar la permanencia en ese organismo. Convocó un referéndum y salió el sí (los medios de comunicación oficiales se volcaron con el sí y el presidente amenazó con dimitir si salía el no). B) LA SEGUNDA LEGISLATURA SOCIALISTA (1986-1989). El Partido Socialista repitió mayoría absoluta en las elecciones de 1986, Coalición Popular repitió resultados y Fraga renunció como líder abriéndose en el partido una larga crisis que acabó en 1989 con la elección de José María Aznar como presidente del partido. Izquierda Unida estuvo a partir de ahora dirigida por Julio Anguita. En esta legislatura se configuró definitivamente el Estado autonómico. Pero el hecho más trascendente del periodo es el espectacular crecimiento económico motivado por las medidas llevadas a cabo en la anterior legislatura y la etapa de prosperidad a nivel internacional y que llegaría hasta 1992. El aumento de la recaudación y la llegada de fondos europeos permitieron llevar a cabo una política de inversiones públicas sin precedentes: construcción de autovías, modernización de vías férreas, mejora de los servicios sanitarios y educativos… Sin embargo, la otra cara de la moneda fue el aumento de las desigualdades sociales y el crecimiento del paro. Estos hechos fueron denunciados por los sindicatos que el día 14 de diciembre de 1988 convocaron una huelga general que fue seguida por cerca del 90% de la población. C) LA TERCERA LEGISLATURA SOCIALISTA (1989- 1993). El Gobierno volvió a ganar por tercera vez las elecciones con mayoría absoluta pero esta vez con un descenso significativo del número de votantes. Hablar de esta legislatura es hablar de los acontecimientos de 1992. España organizó dos grandes eventos a nivel internacional: la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Para ambos acontecimientos se realizaron enormes inversiones económicas: AVE Madrid-Sevilla, reordenación de las dos ciudades… En general los dos eventos fueron un éxito. En el 1992 se continuaba el crecimiento económico, esto permitió completar los planes de carreteras y las dotaciones sociales. Especial importancia tuvo la inversión educativa dirigida a la nueva construcción de centros escolares debido a la nueva reforma educativa (LOGSE) aprobada en 6

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1991. Pero a partir de 1993 se inició una crisis económica a nivel internacional que afectó profundamente a España por las enormes inversiones realizadas en 1992. En pocos meses se hundió el consumo, se disparó la inflación, creció el paro hasta los tres millones y quebraron muchas empresas, los buenos tiempos habían terminado. En política internacional España participó en la guerra del Golfo en 1991 y además, fue sede la Conferencia de Paz de Oriente Próximo entre israelíes y palestinos por la que se inició una aproximación entre los dos enemigos acérrimos. En la lucha contra el terrorismo España se vio beneficiada por la colaboración francesa y por la unión de casi todas las fuerzas políticas contra el terrorismo. Sin embargó, estalló el escándalo de los GAL, un grupo armado antietarra integrado por un grupo de policías y mercenarios, salió a la luz pública cuando dos de esos policías fueron condenados y acusaron al ministro del Interior. También a finales de esta legislatura empezaron a aparecer los primeros casos de corrupción: el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra fue acusado de tráfico de influencias; y el escándalo de Filesa, una trama de empresas que tenían como objetivo financiar de manera ilegal al PSOE. D) LA CUARTA LEGISLATURA SOCIALISTA (1993-1996). Las nuevas elecciones dieron nuevamente el mayor número de votos al PSOE, pero esta vez los socialistas no tenían la mayoría absoluta y tuvieron que pactar con Convergencia i Unió. Si algo designa esta etapa son los numerosos casos de corrupción que aparecieron. Unos fueron estrictamente financieros (intervención de Banesto…); otros venían de la etapa anterior (GAL y Filesa); pero el caso que más desprestigió al Gobierno fue el de Luis Roldán, director general de la Guardia Civil, acusado de una estafa millonaria al cobrar comisiones ilegales por la contratación de obra pública en los cuarteles. El último escándalo fue la identificación de los cadáveres de dos supuestos etarras (Lasa y Zabala) que fueron secuestrados, torturados y asesinados en circunstancia extrañas, las pruebas apuntaban a miembros de la Guardia Civil. Debido a todos estos escándalos el clima político era irrespirable. En 1995 Convergencia i Unió, aliado indispensable para el Gobierno, votó contra los presupuestos, Felipe González asumió su derrota y convocó elecciones para mayo de 1996. 3.2. LOS GOBIERNOS DEL PARTIDO POPULAR (1996-2004). A) LA PRIMERA LEGISLATURA EL PARTIDO POPULAR (1996-2000). Las elecciones del 3 de mayo de 1996 dieron una ajustada victoria al PP, que obtuvo 156 diputados mientras que el P.S.O.E. consiguió 141. José María Aznar fue nombrado presidente del gobierno, pero para gobernar necesitó el apoyo parlamentario de los catalanistas de CiU y de los regionalistas canarios. Esta victoria electoral se completó con las elecciones municipales y autonómicas: en estas últimas el PP conquistó casi todos los gobiernos autónomos menos Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, País Vasco y Cataluña. El apoyo de CiU tuvo como consecuencia que el gobierno aprobara algunas medidas autonomistas, como la cesión del 30 % del IRPF a las comunidades autónomas y la supresión de los gobernadores civiles. Por otra parte, el gobierno del P.P. aplicó un amplio programa de privatización de las grandes empresas de titularidad pública, entre las cuales estaba la petrolera Repsol y la compañía de telecomunicaciones Telefónica, esta política de privatizaciones era inspirada por una ideología neoliberal y por la necesidad de cumplir con los criterios de convergencia económica europea marcados por el tratado de Maastricht con el objetivo de avanzar hacia la moneda única europea. El examen se pasó con éxito, en parte apoyado por un cambio de tendencia internacional que apuntaba hacia una nueva etapa de expansión económica. 7

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En relación con el terrorismo ETA proclamó una tregua en 1998, debida en parte a la masiva protesta por el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, esta tregua acercó al PNV hacia Herri Batasuna el brazo político de ETA y llegaron a formar un frente único a favor de la independencia (pacto de Lizarra). Esto ocasionó la ruptura entre el gobierno de José Mª Aznar y el PNV. En 1999 se acabó la tregua y la organización terrorista volvió a matar, una de sus víctimas más conocidas fue el antiguo ministro socialista Ernest Lluch. También el Gobierno llevó a cabo un proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, con una importante reducción de efectivos, esto conllevó la supresión por primera vez del servicio militar obligatorio. Uno de los problemas más graves de estos años fue la llegada de un gran número de inmigrantes, en gran parte procedentes del norte de África. Esta inmigración era bastante dramática porque muchos morían ahogados al intentar cruzar el estrecho de Gibraltar. B) LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL PARTIDO POPULAR (2000-2004). El 12 de marzo de 2000 se celebraron nuevas elecciones generales, que dieron una abrumadora victoria al P.P., que obtuvo mayoría absoluta con 183 diputados y el 44,5 % de los votos. Al no tener que contar con Convergencia i Unió el PP pudo aplicar sin recortes todo su programa electoral. El nuevo gobierno Aznar aprobó, con un amplio apoyo, la nueva financiación autonómica. Sin embargo, fueron muy discutidos la Ley de extranjería, el Plan Hidrológico Nacional, la Ley de universidades, la Ley de la calidad de la enseñanza y el apoyo a EE UU en la guerra de Irak, apoyo este último que fue contestado en la calle por masivas manifestaciones y un 90% de oposición según los sondeos. Por su parte, el P.S.O.E. inició un proceso de reestructuración. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido nuevo líder del partido tras varios intentos de ocupar el liderazgo del partido (Joaquín Almunia y Josep Borrell). El día 1 de enero de 2002 se puso en circulación la nueva moneda común a casi todos los países comunitarios: el euro. Las elecciones del día 14 de marzo de 2004, y tras un brutal atentado terrorista de Al Qaeda en Madrid el día 11, dieron la mayoría a José Luis Rodríguez Zapatero con 164 diputados frente a los 148 del PP. El día 17 de abril fue proclamado como presidente del Gobierno, el quinto de la democracia.

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